El Ministerio Público inició una investigación penal en contra de la abogada Mónica Apablaza Ñúñez, quien -hasta marzo pasado- prestó servicios en la Corporación Santiago 2023, entidad a cargo de la realización de los XIX Juegos Panamericanos y VII Juegos Parapanamericanos que se realizarán en el país.
Ello, luego que los organizadores de la cita polideportiva se querellaran en su contra por el delito de apropiación indebida.
La acción penal, patrocinada por el director jurídico de la corporación, Juan Pablo Montes, busca la devolución de un computador que contiene información confidencial de la institución “a la cual la ex prestadora tenía acceso en el marco de su prestación de servicios”, y que hasta el día de hoy no ha sido restituido, según consta en el escrito.
El libelo agrega que la querellada "podría estar haciendo uso en forma indebida" de los datos en cuestión "pese a que el contrato por ella suscrito contiene expresamente una cláusula de confidencialidad por un periodo de 2 años luego de terminado el servicio".
Por lo anterior, la entidad que lidera Gianna Cunnaza, resolvió judicializar el caso para evitar la filtración –entre otros- de información personal de trabajadores del organismo.
Al respecto, el abogado Juan Pablo Montes, quien asumió en mayo la dirección de la Unidad Jurídica de Santiago 2023, detalló que “interpusimos una querella en contra de la señora Mónica Apablaza luego que, tras una serie de notificaciones en las que se le solicitó la entrega del computador, hasta el día de hoy no se ha concretado".
"Asimismo, hago presente que este bien en cuestión, fue adquirido por la Corporación Santiago 2023 con fondos públicos otorgados por el Instituto Nacional de Deportes mediante el convenio de transferencia suscrito por la Corporación con dicha institución para el cumplimiento de su objeto social, cuál es organizar los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, siendo por tanto un bien que pertenece a la Corporación y que ha sido apropiado en forma indebida, toda vez que la prestación de servicios de la Sra. Apablaza terminó el pasado 31 de marzo", agregó Montes.
La investigación penal, en tanto, está en manos de la Fiscalía Oriente, que ahora deberá realizar diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.
