Sigue la polémica por el bullado "Caso Licencias" en Colo Colo. La Fiscalía de Alta Complejidad solicitará una audiencia de formalización en contra del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y nueve futbolistas del "Cacique".
Todo se remonta a diciembre de 2023. En esa fecha se dio a conocer que jugadores albos obtuvieron licencias Clase B entre 2016 y 2022 a través del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Nancagua.
La forma en que accedieron a las licencias habría sido fraudulenta. De hecho, el alcalde de Nancagua, Mario Bustamante, estableció un sumario administrativo "para determinar las responsabilidades, de a quién le corresponda y lo que corresponda".
De acuerdo a documentos presentados por Fiscalía, los funcionarios investigados pedían favores o indumentaria oficial de Colo Colo a los involucrados.
Los jugadores implicados son Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez, Diego Plaza, Dylan Portilla, Eduardo Villanueva, Lucas Soto, Marcos Bolados, Maximiliano Falcón y Óscar Opazo.
La semana pasada, los futbolistas presentaron declaración en la Fiscalía Regional de O'Higgins, que es la que investiga el caso.
El persecutor Javier Von Bischoffshausen explicó que los delitos que se le busca imputar tanto al presidente de Blanco y Negro como a los deportistas es conducción siendo consciente de haber obtenido licencia de manera fraudulenta.
"La fiscalía dentro de los próximos días va a solicitar audiencia de formalización de investigación en contra de aquellos; es decir en contra de tanto algunos de los jugadores de fútbol como asimismo el presidente de dicha institución", sostuvo el fiscal.
Según los antecedentes que se han conocido en la indagatoria, la persona encargada de coordinar la entrega de estas licencias era Aníbal Valenzuela Cariz, ex director del Departamento de Tránsito de Nancagua y actual candidato a alcalde.
El ex funcionario fue formalizado hoy por estos hechos, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva. El fiscal Bischoffshausen detalló que se le imputó por "otorgar gran cantidad de licencias de conducir sin cumplirse los requisitos legales", como la realización de exámenes escritos, médicos y prácticos.
"Eso en nuestro concepto es sumamente grave. Por una parte acá está en riesgo la seguridad vial porque desconocemos si estas personas realmente cumplen o no con los requisitos legales, por que no lo han acreditado de acuerdo a la legislación chilena y por otra parte por cierto la calidad de funcionario público en la cual también se ve afectada la fe pública, la forma de actuar de la red de administración de justicia", manifestó Bischoffshausen.
