SANTIAGO.- Mejorar la calidad de la información ambiental disponible, así como fortalecer las capacidades institucionales del ministerio encargado y lograr una mayor precisión en el cálculo del gasto público en protección ambiental (GPPA), son los principales desafíos que se presentan para Chile en esta área, según un estudio conjunto del Gobierno y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
El estudio "Estimación del gasto público en protección ambiental en Chile", dado a conocer este miércoles, señala que el país gastó en 2012 $145.042 millones (aproximadamente US$ 260 millones) en protección ambiental, cifra que equivale a 0,1% de PIB, el más bajo entre los países de la OCDE.
El monto es inferior a las estimaciones realizadas en años anteriores y a los niveles de otros países en la región como Colombia (0,3% del PIB) y al promedio de Eurostat (0,67%).
Según el informe, en 2012 el gasto per cápita en protección ambiental fue de aproximadamente $9.000 en todo el año. Considerando que la contaminación atmosférica es catalogada como uno de los principales
problemas ambientales del país, el gasto en el rubro de protección del
aire ambiente explicó solo 4,2% del GPPA, unos US$ 10 millones.
El seminario se dio en el marco de la preparación de la misión internacional de la segunda evaluación de desempeño ambiental del país
sudamericano.
En el evento el subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena, reseñó los logros alcanzados por el país en materia de políticas ambientales en los últimos diez años tras la primera evaluación, que
incluyen el apoyo dado por su Gobierno para alcanzar a nivel regional
un acuerdo en temas de derechos de acceso a la información, articipación y justicia ambientales, conocido como Principio 10.
"En esta segunda evaluación esperamos contar con nuevas recomendaciones que fortalezcan nuestro tránsito hacia un verdadero
desarrollo sustentable", afirmó el subsecretario.
Y dijo que "estamos firmemente convencidos que con una visión estratégica de la información ambiental no solo mejoraremos
nuestra gestión ambiental, sino que apoyaremos la construcción de
un país más justo y democrático, capaz de liderar el avance hacia el
reto de la equidad ambiental que se propone a nuestra región".
En tanto, el director de la División de Desarrollo Sostenible y
Asentamientos Humanos de la CEPAL, Joseluis Samaniego, destacó los
beneficios que trae una evaluación ambiental de este tipo para los
países, los que van desde una mejor sistematización de la información
hasta el fortalecimiento institucional y de los mecanismos de
financiamiento.
"La segunda evaluación de desempeño ambiental que se está desarrollando en Chile va a ser una importante herramienta para medir
avances y señalar oportunidades de mejora de los países desde una óptica independiente con el fin de cerrar brechas en materia de sustentabilidad, de modo tal de avanzar hacia una mejor gobernanza ambiental”, afirmó Samaniego.