SANTIAGO.- Durante los dos últimos meses, la Contraloría General de la República ha estado realizando una auditoría a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (CAJ), con el fin de determinar un presunto déficit fiscal de más de $2 mil millones que se produjo entre 2014 y 2015.
La auditoría fue solicitada formalmente el pasado 5 de enero por la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (Anfunpro), que se sumó a una denuncia emitida por el Ministerio de Justicia.
La Anfunpro culpa a la administración del director general, Osvaldo Soto Valdivia, actual subsecretario general de Gobierno, de las pérdidas, informa El Mercurio.
A su juicio, el problema financiero "ha traído como consecuencia la implementación de un plan de saneamiento de dicho déficit, importando el término de contrataciones a plazo y la necesidad de retrotraer una serie de aumentos de remuneraciones, jornadas de trabajo y destinaciones".
Estas contrataciones y aumentos de sueldos se habrían realizado sin cumplir con las formalidades administrativas básicas, como concursos de selección y con la ausencia de las autorizaciones correspondientes.
Las pérdidas han llegado a tal nivel, que incluso en diciembre de 2015 no había presupuesto para pagar los sueldos, según afirman, y el actual director de la CAJ, Alejandro Jiménez, solicitó recursos extras que salieron del presupuesto de la glosa de la Subsecretaría de Justicia.
Al ser consultado por la situación, Jiménez solo confirmó que "efectivamente se está investigando una presentación de los funcionarios, respecto a un presunto déficit (...) pero hay que esperar estos resultados".
Respecto a los reclamos de despidos dijo que "en estricto rigor no se ha despedido a nadie. Hay que distinguir entre despido y no renovación de un contrato a plazo fijo".
Soto descarta acusaciones
El subsecretario de la Segegob, Osvaldo Soto, aseguró estar "tranquilo" e incluso calificó como "estupendo" que se estén averiguando las razones de este déficit.
Explicó que "éste es un déficit estructural y descarto completamente que haya habido contrataciones millonarias", afirmando que las contrataciones se hicieron "de acuerdo a las responsabilidades que tenían los funcionarios".
Frente a la denuncia presentada por los propios funcionarios, explicó que cree que no cuentan con "la información completa", ya que en las mesas de trabajo con ellos "se les informó de lo detectado".
El subsecretario aclaró que cuando recibió la institución -en septiembre de 2014-, la entidad venía con déficit, apuntando a problemas como los del Centro de Atención Jurídico Social de Puente Alto.
"Cuando asumimos, llevaba seis meses sin pagar el arriendo. El dueño del inmueble estaba demandando recuperar ese inmueble. Otro ejemplo es el Call Center, que cuando se construye inyecta recursos adicionales y al año cuesta $600 millones. Cuando llego, está ese saldo en contra. Tercero, habiendo llegado yo, se genera un paro (noviembre y diciembre de 2014) que suma $400 millones adicionales que no estaban en ningún presupuesto. Justicia llegó a un acuerdo, pero no se nos pasó la plata y tuvimos que cubrirlo nosotros".
Soto destacó que informó de la situación de déficit al entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez, en febrero del 2015, acordándose una estrategia para abordar el problema. Lo mismo hizo a la llegada de la ministra Javiera Blanco.
Parte del plan consistió en trabajar con el presupuesto 2015, mejorando la gestión interna. Paralelamente el ministerio preparaba la adecuación presupuestaria para inyectar los recursos que quedaban por déficit.
Soto dijo además que mientras estaba en la CAJ solicitó recursos adicionales para el 2016. "Desconozco por qué se eliminó esa meta", pues asumió en julio de 2015 en la Subsecretaría de la Segegob.
"Malamente un déficit de esta característica puede haberse generado en seis meses, tomando en cuenta el paro de dos meses, y los presupuestos de la Corporación vienen siendo de continuidad desde hace años", dijo.
