El miércoles a las a 14.00 horas los miembros de la comisión investigadora de Indultos de la Cámara de Diputados se reunirán para votar las conclusiones y proposiciones al Ejecutivo. Con esto, concluirán su trabajo después de más de dos meses sesionando.
Llegarán dos propuestas a la mesa, una del oficialismo y otra de la oposición, las cuales difieren radicalmente en un asunto central: si es que hubo o no irregularidades e infracciones legales en la entrega de los beneficios. En los documentos no existen puntos en común en las principales conclusiones, pero sí en algunas de las recomendaciones propuestas al Gobierno, como por ejemplo, modificar la ley de indultos.
Cabe recordar que la Cámara aprobó la creación de una Comisión Especial Investigadora para reunir antecedentes relativos a la concesión de indultos presidenciales a 12 condenados del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna a finales del 2022, impulsado por la bancada de Renovación Nacional.
El 22 de marzo se instaló la comisión originalmente con los diputados Eric Aedo (DC), Jaime Araya (IND-PPD), Cristián Araya (Rep), Roberto Arroyo (PDG), Juan Antonio Coloma (UDI), Lorena Fries (CS), Marcos Ilabaca (PS), Henry Leal (UDI), Claudia Mix (Comunes), Matías Ramírez (PC), Gaspar Rivas (PDG), Diego Schalper (RN), y se votó para que Sofía Cid (RN) asumiera la presidencia.
Las conclusiones del oficialismo
El documento que presentará el oficialismo, señala que "todos han expuesto de manera clara y detallada el mecanismo a través del cual se han desarrollado históricamente las solicitudes de indultos hasta ser sometidas a la decisión de la autoridad respectiva", aludiendo a la exposición que realizó el ministro de Justicia, Luis Cordero y otros funcionarios de la cartera.
Asimismo, aseguran que "la tramitación de las solicitudes aquí en cuestión se han sujetado estrictamente a los procedimientos establecidos en la normativa legal vigente, de la misma forma en que se ha venido haciendo en los últimos años y que constituye la práctica administrativa asentada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".
Respecto a los informes del tribunal de conducta de Gendarmería, afirman que "estos no son vinculantes en sí mismos, pues la decisión se adopta considerando todos los antecedentes adicionales y el contexto en que se ejerce la atribución en análisis".
Finalmente, aseguran la "inexistencia de irregularidades en la tramitación" y que los indultos en cuestión "han sido correctamente dictados desde el punto de vista del derecho administrativo. Desde el punto de vista de un examen legal, los decretos cumplen con todos los requisitos legales para producir sus efectos".
"No percibiéndose ilegalidades en la dictación de los correspondientes decretos al contener los fundamentos y calificaciones y habiéndose ejercido la potestad dentro del marco constitucional que nos rige es que se puede concluir que no se divisa ninguna irregularidad", señala el escrito.
El oficialismo propone al Gobierno estudiar eventuales modificaciones a la ley de indulto, "con el objeto de que los informes relativos a las personas condenadas que solicitan indulto, sean revisados por un órgano colegiado, que sugerirá una propuesta al Presidente sobre la procedencia o no de indultar, teniendo en cuenta los antecedentes que tenga el condenad".
Asimismo, "que en el caso de personas privadas de libertad que tengan condenas penales previas, la propuesta de indultos sea objeto de calificación por el órgano colegiado señalado anteriormente, con el objeto de asesorar de forma más acabada a la autoridad para tomar la decisión".
Además, que la ley incorpore la posibilidad de que los tribunales de justicia soliciten la concesión de indultos, en base a causales específicas.
Dada la composición de la mesa, se espera una votación reñida, donde el voto de Eric Aedo (DC), podría ser decisivo. La Democracia Cristiana, para dar su voto a favor, solicitará incluir al documento de la oposición algunas recomendaciones como prohibir que la facultad sea delegada, y así, comprometer al Presidente de la República. Además, limitar el otorgamiento del indulto respecto a delincuentes habituales.
Las conclusiones de la oposición
Por otro lado, en el documento de la oposición, se plantea que nunca ha existido un pronunciamiento formal respecto de la legalidad de los decretos y en ese sentido, aseguran que "no se cumplen los estándares legales".
"Los decretos adolecen de evidentes vicios de ilegalidad" y "hay una serie de irregularidades que consisten en la infracción de normas relacionadas con la fundamentación", son parte de los argumentos en los que ahondan los parlamentarios.
En el escrito que se someterá a votación, se especifica que "se trata no solamente de un proceso viciado desde la perspectiva legal, sino que además concretado de manera absolutamente negligente y desprolija, tal como fue reconocido por personeros gubernamentales. Ahora bien, ya desde la perspectiva del mérito político de la decisión de indulto, esta aparece absolutamente inoportuna atendida la grave crisis de seguridad por la que atraviesa nuestro país".
Asimismo, critican la ausencia y falta de participación de autoridades y ex autoridades que influyeron en la tramitación de los indultos, como por ejemplo la ex ministra de Justicia Marcela Ríos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y el Presidente de la República, Gabriel Boric.
"Amerita reflexión para la Corporación la liviandad con la que funcionarios de Gobierno y otros desestimaban las citaciones e invitaciones por motivos de agenda, lo que resulta inaceptable y sienta un precedente sumamente negativo para las potestades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados", indica el documento.
Entre las propuestas proponen "introducir limitaciones a la facultad de indulto particular" y "terminar la delegación de firma en la suscripción de los decretos de indulto".
La presidenta de la comisión, Sofia Cid, señaló que "los indultos fueron la culminación de una política de impunidad, totalmente ideológica, que impuso el Gobierno desde la campaña del Presidente Boric, donde se comprometió a liberar los presos del estallido, en algunos casos ya estaban condenados, entonces, lo que hizo cuando partió fue el retiro de las querellas y después continuó otorgando suma urgencia a la ley de indultos y como eso no tuvo piso político, avanzó con los indultos que fueron mal ejecutados, mezclando personas del estallido social con terroristas como Mateluna y delincuentes comunes como Castillo".
En ese sentido, "el Presidente fue negligente a todo evento. Si tuvo los antecedentes a la vista, indultó a personas que no cumplían con los requisitos y sabemos que fue su voluntad liberar a delincuentes habituales como Castillo", señaló a horas de someter de las conclusiones a votación.
