La
Corte Suprema de Perú confirmó este lunes que la
propiedad de las ruinas de la ciudadela inca de
Machu Picchu pertenece el Estado peruano y no a una familia que reclamaba ser la titular de 22.000 de las 35.000 hectáreas donde está el parque arqueológico, anunció el Ministerio de Cultura en un comunicado.
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró infundada en última instancia la demanda presentada por la familia Zavaleta Zavaleta, que buscaba ser reconocida como la propietaria de parte de las tierras donde está la mayor atracción turística de Perú.
Esta familia reclamaba que el Estado peruano le había expropiado sus terrenos de manera ilegal y sin ninguna compensación económica a cambio.
Además, de la propiedad de los terrenos donde está la red de caminos que rodean las ruinas, la familia Zavaleta Zavaleta también exigía una indemnización de 150 millones de soles (unos $30 mil millones) por los ingresos de los turistas que accedieron a los predios durante el tiempo del litigio.
La familia presentó la demanda en el año 2005 y dio inicio a un arduo litigio que se prolongó durante 14 años, hasta agotar todas las instancias del sistema jurídico nacional.
El viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Guillermo Cortés Carcelén, recordó que la familia Zavaleta Zavaleta reclamaba la propiedad de los fundos Q'ente y Santa Rita de Q'ente, que comprendía el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu.
"Sin embargo, durante este largo proceso judicial, hemos demostrado de forma fehaciente que dichas tierras fueron expropiadas por la Dirección General de Reforma Agraria en los años 1960 y 1970 a favor del Estado", acotó.
Con esta sentencia de la Corte Suprema, que fue publicada en la página web del Poder Judicial y notificada a las partes, quedó zanjada definitivamente esta controversia que generó preocupación en la región andina de Cusco, la capital del antiguo imperio incaico.
Los Zavaleta no son los únicos que reclamaron la propiedad del parque arqueológico de Machu Picchu, pues las hermanas Roxana y Victoria Abrill también hicieron lo propio al considerarse herederas legales de las ruinas, y reclamar desde 2003 una compensación de 100 millones de dólares.
Fue en 1944 cuando los Abrill y los Zavaleta se repartieron el complejo arqueológico pese a existir una ley que hacía propietario al Estado peruano de los restos arqueológicos. En manos de los primeros quedaron las ruinas y los otros recibieron los terrenos de alrededor, donde está la red de caminos inca.
La transferencia tuvo el beneplácito de un notario y ese documento fue la base de defensa de las familias para acudir a los tribunales.
La ciudadela de Machu Picchu, famosa a nivel mundial desde el viaje exploratorio del estadounidense Hiram Bingham en 1911, es reconocida desde 1983 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, y desde 2007 es considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo.
Actualmente recibe un promedio de unos 4.000 visitantes cada día, divididos en dos turnos de mañana y tarde y un plazo máximo de estancia en el parque de cuatro horas.
