BUENOS AIRES.- Un juzgado federal argentino ordenó el embargo bienes y activos por más de 156 millones de dólares a empresas británicas y de Estados Unidos por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Lilian Hérraez, jueza federal de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, ordenó el jueves el embargo sobre bienes y activos de empresas británicas y estadounidenses que habían sido denunciadas por la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, así como la incautación de buques y de una plataforma semisumergible, según informó el sitio en internet Fiscales, que pertenece al Ministerio Público Fiscal argentino.
Además la jueza ordenó el cese inmediato de la exploración y explotación de hidrocarburos, debido a los daños ambientales producidos por las actividades petroleras.
Argentina presentó una denuncia penal el 21 de abril contra varias empresas extranjeras --las compañías británicas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc y Falkland Oil And Gas Limited (FOGL), la estadounidense Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, y la italiana Edison International SpA--, las cuales integran un consorcio que contrató una plataforma semisumergible que el 6 de marzo inició una exploración en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros del archipiélago situado en el Atlántico sur.
La denuncia fue por supuesta exploración ilegal de petróleo en aguas de las Islas Malvinas, a las que los británicos llaman Falkland.
Se acusa a estas empresas por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", donde no cuentan "con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina", según informa el cibersitio del ministerio público.
Las empresas también fueron acusadas de contaminación del medio ambiente e "importación o exportación de bienes en infracción a las leyes aduaneras".
La medida será notificada a la cancillería para que por vía diplomática sea derivada a los tribunales de cada país donde se encuentren radicados los activos identificados, afirma el comunicado.
La ley contempla penas de 5 a 10 años de prisión para los directivos de las compañías y otros empleados de menor jerarquía por la búsqueda de hidrocarburos sin autorización de la Secretaría de Energía, y de 10 a 15 años por la extracción de los recursos.
Sin embargo, algunas de las empresas declararon en abril que sus contratos se habían firmado con el gobierno de las Islas Malvinas.
