BOGOTÁ.- La continuidad del proceso de paz con las FARC depende del mantenimiento de la tregua unilateral que esa guerrilla anunció la semana pasada y de acuerdos "en lo sustancial" en las negociaciones en Cuba, aseguró el representante del gobierno colombiano en esos diálogos.
Un día después de que el presidente Juan Manuel Santos diera un plazo de cuatro meses para decidir si su gobierno sigue dialogando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el jefe de la delegación oficial en esas pláticas, Humberto de la Calle, reveló de qué depende la continuación de los diálogos.
"Lo que tiene que ocurrir es que se mantenga el compromiso de las FARC de su cese del fuego unilateral y que se mantenga de manera clara, tangible, que no haya violaciones", aseguró De La Calle en rueda de prensa desde la presidencial Casa de Nariño.
La segunda condición que impuso el funcionario es que, en cuatro meses, las partes sean "capaces de avizorar" si están de acuerdo "en lo sustancial", respecto al cuarto punto de la agenda de la mesa de conversaciones, en discusión: que incluye verdad, justicia transicional y reparación de los afectados por la conflagración.
De la Calle pidió entonces avances en las pláticas sobre "el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo, y la cuestión relacionada con las garantías para el paso a la vida civil" de los futuros excombatientes.
El gobierno y la guerrilla empezaron a discutir sobre estos álgidos temas en agosto del año pasado.
Las conversaciones de La Habana avanzan sin un cese del fuego bilateral sobre el terreno. Sin embargo, la semana pasada las FARC, con unos 8.000 combatientes, anunciaron que a partir del 20 de julio iniciarán un alto al fuego unilateral por un mes, en el marco de las pláticas.
Desescalamiento, no cese
En un comunicado conjunto leído desde La Habana, las partes anunciaron el domingo un acuerdo para "desescalar" el conflicto en Colombia, que recrudeció recientemente por acciones guerrilleras que produjeron numerosas muertes de uniformados y daños a la infraestructura energética; así como bombardeos oficiales que dejaron más de una veintena de rebeldes fallecidos.
No obstante, el gobierno se empeñó en aclarar que el "desescalamiento" de las acciones armadas difiere de un alto al fuego bilateral en el que las FARC han insistido desde que empezó el proceso de paz en 2012, y al que Santos se ha opuesto por considerar que la principal guerrilla del país lo usaría para fortalecerse.
Así lo afirmó Sergio Jaramillo, otro negociador oficial que acompañó a De la Calle en la rueda de prensa, para disipar las críticas que han avivado opositores a los diálogos, según quienes desescalar el conflicto implica un abandono de las labores de seguridad de los organismos estatales.
Para Jaramillo, sin embargo el desescalamiento implica "pasos progresivos, gestos que va a dar el gobierno de acuerdo con el comportamiento de las FARC".
Por otro lado, el cese del fuego definitivo "supone un mucho mayor formalismo, unos actos prohibidos, una verificación", además de concentración de guerrilleros en zonas específicas.
"Lo que no está dispuesto a hacer el gobierno es un cese bilateral prematuro y chambón (mediocre)", insistió.
