EL CAIRO.- Amnistía Internacional (AI) señaló, mediante un comunicado, que el nuevo proyecto de ley antiterrorista de Egipto es "draconiano" y "golpea el corazón de las libertades básicas y los principios de derechos humanos".
Además, enfatizaron en que ese posible nuevo reglamento debe ser "descartado inmediatamente o revisado por completo", antes de que sea aprobado y refrendado por el Presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.
"La propuesta de ley antiterrorista expande ampliamente los poderes de las autoridades y amenaza los derechos más fundamentales de expresión, de reunión y de asociación pacífica", señaló el vicedirector de AI para Oriente Medio y el Norte de África, Said Bumeduha.
El responsable humanitario aseguró que si el proyecto es aprobado, "constituiría otra herramienta de las autoridades para desintegrar toda forma de disidencia".
Según AI, el proyecto debilita las garantías para asegurar juicios justos, ampliaría el uso de la pena de muerte, y también permitiría que las autoridades tomen "medidas extremas" que normalmente solo serían llevadas a cabo durante un estado de emergencia.
"Una de las principales razones por las que el pueblo egipcio salió a la calle en 2011 (durante la revolución que derrocó al entonces presidente, Hosni Mubarak) fue abolir el estado de emergencia de 30 años impuesto por Mubarak", señaló Bumeduha.
Por otra parte, señalaron que el proyecto de ley también impone severas restricciones a los periodistas que informan sobre ataques terroristas que incluyan estadísticas o detalles que difieran de los anunciados por el Estado.
La organización internacional también criticó que la posible futura ley amplía la definición de "acto terrorista" usando parámetros como "perturbar el orden público y la paz social" o "dañar la unidad nacional y la economía".
En los últimos días se han levantado numerosas voces en contra del proyecto de ley antiterrorista, aprobado por el Gobierno a principios de mes, poco después del atentado con coche bomba que acabó con la vida del fiscal general egipcio, Hisham Barakat.
La polémica se centra, entre otros aspectos, en el artículo 33 de ese proyecto de ley, que prevé penas de hasta dos años de cárcel para todo aquel que publique, de "forma intencionada", noticias que no sean "verídicas" sobre "cualquier operación terrorista" y que "contradigan de alguna forma las informaciones oficiales".
El texto aún debe obtener la aprobación del Consejo de Estado y, finalmente, del Presidente de la República, Abdelfatah al Sisi, que ejerce en estos momentos el poder legislativo debido a la ausencia de un Parlamento, a la espera de las elecciones.
