Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados el fin de semana, con signos de tortura y heridas de bala en la cabeza.
EFE
CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades mexicanas presentaron cargos contra el individuo detenido por el asesinato del reportero gráfico Rubén Espinosa y cuatro mujeres, en Ciudad de México.
Los delitos son homicidio, robo agravado y femicidio, informó hoy la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Mediante un comunicado difundido esta mañana, la PGJDF sostuvo que encontraron indicios de que Daniel Pacheco Gutiérrez, de 41 años, está relacionado con el crimen cometido el viernes 31 de julio, cuando Espinosa, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres, una de ellas colombiana, fueron asesinados en una vivienda de un barrio de clase media del Distrito Federal.
Gutiérrez cuenta con antecedentes penales y ha sido internado en el Reclusorio Preventivo Oriente, a disposición de un juez.
"El presentado tiene el carácter de probable responsable, que no implica responsabilidad penal hasta que, en su caso, lo determine la autoridad jurisdiccional", señala el comunicado de la PGJDF.
El jueves, el procurador Rodolfo Ríos Garza dijo que el sospechoso detenido por el homicidio, del que no se había revelado su su identidad hasta ahora, admitió su participación en los hechos. Pacheco Gutiérrez fue identificado previamente a través de una huella dactilar que se encontró en el domicilio donde se perpetró el crimen.
Ríos Garza aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer el caso debido a que anteriormente Espinosa, que trabajaba para la revista "Proceso" y la agencia "Claroscuro", denunció ser objeto de amenazas en el estado de Veracruz, tras lo que decidió mudarse a la capital.
Los cuerpos de Espinosa, Vera y las otras víctimas fueron encontrados el fin de semana, con signos de tortura y heridas de bala en la cabeza.
El homicidio de Espinosa, que solía cubrir manifestaciones sociales y protestas, ha provocado las críticas de diversas organizaciones y colectivos civiles internacionales, que consideran a México como uno de los países menos seguros para los periodistas y exigen a las autoridades resolver el crimen como un delito contra la libertad de prensa.
