El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina.
EFE
CIUDAD DE GUATEMALA.- El presidente de Guatemala Otto Pérez Molina dijo sentirse humillado por las protestas de la población en su contra, pero aseguró que no renunciará al cargo y que tampoco buscará refugio en otro país.
En tanto, el Congreso definió que este martes votará para decidir si despoja al mandatario de su inmunidad ante la denuncia presentada en su contra por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG).
"Es humillante", dijo el mandatario al comentar haber visto "la forma de expresión" de los guatemaltecos en su contra. "Me ha dolido", sostuvo.
Afirmó además que no considera la posibilidad de refugiarse en otro país. "Para nada. Si lo quisiera hacer, ya lo hubiera hecho", afirmó y calificó como "show político" la celeridad con la que la Comisión Pesquisidora de cinco diputados elegidos por el legislativo concluyó su labor el sábado y recomendó retirarle la inmunidad.
Tras esta recomendación, el tema será debatido este martes en sesión ordinaria al incluirse en la agenda del día. Así lo acordaron este día los jefes de los distintos bloques parlamentarios.
El mandatario es acusado por la CICIG y la fiscalía de dirigir, junto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, una estructura de defraudación tributaria denominada "La Línea".
Pérez fue cuestionado por periodistas con respecto a una llamada teléfonica que hizo al titular del ente recaudador del Estado ordenándole cambios, pese a que dicho ente funciona bajo el régimen de un directorio independiente. "Reconozco que hice la llamada telefónica, pero no impongo a ninguna persona... lo hice porque estaba preocupado por la falta de recaudación, por los problemas que se venían dando", sostuvo.
También reconoció haberse reunido con otro integrante de la estructura, Estuardo González, alias "Eco", pero afirmó que fue para hablar sobre servicios que ofrecían sus empresas. Negó que se fraguara un plan para tecerizar y legalizar las operaciones de dicha estructura de defraudación.
Por otro lado, Pérez negó haber pactado con el partido Líder, con el mayor número de escaños en el parlamento (64) y favorito para ganar los comicios generales del domingo, una estrategia que evite que se reúnan los 105 votos necesarios para despojarlo de la inmunidad.
En tanto, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, tras las declaraciones de Pérez, ofreció una conferencia de prensa conjunta con activistas sociales y humanitarios en la que reiteraron el pedido de renuncia al mandatario.
A principios de agosto, Pérez ya enfrentó en el legislativo una votación para el despojo de su inmunidad, tras una acusación promovida por un diputado indígena de oposición, Amílcar Pop, pero el expediente debió ser archivado pues no se reunieron los 105 votos.
Pop acusó a Pérez de enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo por un caso distinto de corrupción también descubierto por la CICIG. Este caso también está abierto a la investigación y se trata de un fraude millonario en el Seguro Social bajo la presidencia de su ex secretario privado y uno de los funcionarios de mayor confianza, el también militar retirado Juan de Dios Morales.
