MIAMI.- El español Richard Meissner, encarcelado desde hace 22 años en una prisión de Florida (EE.UU.), comienza hoy su tercera semana en huelga de hambre en protesta por los "abusos y vejaciones" que dice sufrir en la cárcel a manos de los funcionarios.
Meissner, condenado primero a pena de muerte y luego a cadena perpetua por el asesinato de la joven Gina Langevin en 1993, denuncia en una carta una serie de abusos "físicos y mentales" por parte de los empleados del Departamento de Prisiones de Florida y otros reclusos de la cárcel.
El recluso, nacido hace 50 años en la base militar de EE.UU. en Rota (Cádiz, España), está encarcelado en la prisión de Wakulla, y ya ha sido trasladado al departamento médico de la cárcel para seguir de cerca su estado de salud, que en los últimos días ha sufrido un importante deterioro.
En el documento, Meisnner detalla en cuatro páginas numerosas "humillaciones y vejaciones", algunas de índole "sexual", sufridas a lo largo de los 22 años que lleva en diferentes prisiones de Florida, desde "amenazas de muerte" hasta "agresiones" y ataques de funcionarios y otros prisioneros.
Hijo de un estadounidense y de una ciudadana española, fue inicialmente condenado en 1995 a la inyección letal, pero consiguió esquivar la ejecución gracias a las gestiones de su familia, sus abogados y organizaciones políticas y sociales españolas, que tras una gran movilización lograron la conmutación de la pena de muerte por una cadena perpetua.
La madre de Richard Meissner, Ángeles Pérez, aseguró hoy que su hijo está viviendo desde hace años "un auténtico infierno" en su recorrido por diferentes prisiones de Florida, consideró que ha pagado ya su "error" por el daño cometido en su día y pidió a las autoridades en Madrid que sigan apoyando el traslado a una prisión española.
Con la voz entrecortada y sin poder reprimir las lágrimas, la jerezana Ángeles Pérez recordó que todo comenzó con una acusación contra Meissner por provocar un pequeño incendio en un local en el norte de Florida, la posterior puesta en libertad bajo fianza y, a partir de ahí, un cúmulo de circunstancias que "le hicieron perder la cabeza" y terminaron en el asesinato de una joven, por el que pide perdón en su carta.
Ángeles Pérez no oculta en ningún momento el "grave error" cometido por su hijo, y agradece el apoyo y las respuestas en los últimos años de todo tipo de instituciones españolas, desde la Casa Real hasta la Embajada en Washington y del consulado español en Miami.
Desde su residencia actual en Orange Park, en el este de Florida, apenas a 5 horas de coche de la prisión donde permanece encarcelado su hijo, la madre de Meissner confiesa que tras la "pesadilla" vivida a lo largo de estos años su único deseo es regresar a España con su marido y su hijo para que cumpla allí el resto de su condena.
Sin embargo, expresó también su temor a un desenlace "fatal" después de que su hijo haya cumplido 15 días en huelga de hambre, dispuesto a llegar "hasta el final" en su desafío contra el Departamento de Prisiones de Florida y la oficina del Gobernador del estado, que ha ignorado desde el principio la posibilidad del traslado a España.
El lunes Meissner recibió -según relata su madre- la visita del director de la prisión, quien le advirtió de que se le alimentará por la fuerza en caso de ser necesario, protocolo que ha sido rechazado por el preso y prohibido incluso por jueces federales en prisiones como la de Guantánamo.
Organizaciones humanitarias como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han denunciado en los últimos meses la "brutalidad, negligencia e incluso asesinato de prisioneros" en las cárceles de Florida, sin que en muchas ocasiones se hayan podido investigar los hechos.
Desde principios de 2015 una mujer, Julie Jones, dirige el sistema de prisiones de Florida, que alberga a más de 100.000 presos en 56 prisiones estatales vigiladas por 21.000 funcionarios.
En el último año se han producido en las cárceles de Florida un total de 109 muertes, la mayoría por causas naturales pero algunas de ellas en circunstancias todavía por aclarar.
En mayo pasado el gobernador, Rick Scott, aprobó una orden para reformar el sistema penitenciario estatal y endurecer los controles internos en las cárceles, después de numerosas denuncias sobre brutalidad y corrupción en las prisiones.
La reforma penitenciaria ordenada por el Gobernador determina, entre otras medidas, que los funcionarios deben garantizar un entorno sin represalias contra los presos y fija inspecciones por sorpresa cada tres meses a cada una de las prisiones del estado.
