CIUDAD DE GUATEMALA.- El modelo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que destapó una red de corrupción que llevó a la salida del poder del presidente Otto Pérez Molina, puede ser exportable a otros países, consideró hoy su titular, el colombiano Iván Velásquez.
"Yo creo que sí. Creo que hay una prevención infundada acerca de la injerencia extranjera que, como crítica a la permanencia o a la existencia de una comisión de esta naturaleza, se hace en muchos ámbitos", dijo Velásquez en una entrevista con agencias internacionales.
Velásquez indicó que la forma en que está diseñada la comisión, un organismo dependiente de Naciones Unidas creado en 2006 en acuerdo con el gobierno de Guatemala, no le permite actuar "a su antojo", sino que es coadyuvante de la fiscalía nacional.
"Nosotros no podemos ir a un banco y decir necesitamos cheques de tal cuenta. Para hacer eso le sugerimos al fiscal que le pida al juez que ordene la obtención de esa información", graficó. "No hacemos lo que queramos", dijo.
La CICIG y la fiscalía general desentrañaron en Guatemala una red de defraudación fiscal en aduanas que llegaba, según la acusación, a los más altos niveles del gobierno.
Además del ex jefe de Estado, que hoy fue puesto en prisión provisional mientras un juez decide si lo liga a proceso mientras él rechaza los cargos, está detenida la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
El mandato de la CICIG, que concluye en septiembre, fue renovado en abril por otros dos años en Guatemala pese a reticencias del gobierno de Pérez Molina y en medio de una fuerte presión internacional y de la sociedad, cuando ya estaban en marcha las investigaciones de la red de corrupción.
En julio el consejero del Departamento de Estado norteamericano Thomas Shannon dijo que sería una medida "inteligente" que Honduras y El Salvador también solicitaran a la ONU apoyo para el combate a la impunidad y el crimen organizado, propuesta que fue de inmediato desestimada por ambos países.
Velásquez dijo que la comisión cuenta con el respaldo de varios países y que goza de "absoluta independencia" presupuestaria al estar financiada por la comunidad internacional.
En Guatemala, la CICIG tiene unos 150 empleados y un presupuesto que puede rondar los 10 millones de dólares anuales. El organismo ha solicitado que se amplíe el presupuesto para fortalecer su departamento de investigación y litigio.
"En el momento de ahora le hemos dicho a la comunidad internacional que esta es la oportunidad más importante y probablemente la única que tiene Guatemala de salir de este estado de corrupción", señaló.
