Entre los desaparecidos hay cinco bomberos, un sector especialmente golpeado por la tragedia con más de 100 víctimas mortales.
EFE
BEIJING.- Las autoridades chinas han decidido concluir la búsqueda de las ocho personas que aún permanecen desaparecidas debido a las explosiones que ocurrieron hace un mes en un almacén del puerto de Tianjin, las que dejaron 173 muertos.
El anuncio, realizado por el gobierno local a través de su cuenta de Weibo -el Twitter chino-, dice que "no hay esperanza de hallar con vida a los ocho desaparecidos", y que los tribunales empezarán a expedir los certificados de defunción.
"Después de exhaustivas investigaciones, es seguro que no hay más posibilidades de encontrar supervivientes", apunta el escueto comunicado, del que se hacen eco hoy medios como el diario hongkonés South China Morning Post (SCMP).
Entre los desaparecidos hay cinco bomberos, un sector especialmente golpeado por la tragedia con más de 100 víctimas mortales.
Aunque no se ha determinado aún la causa de las explosiones, algunos bomberos supervivientes declararon que se produjeron después de que acudieran a la terminal de contenedores a extinguir un fuego.
Los bomberos no habían sido informados de que en el almacén había productos químicos muy peligrosos e inflamables, dijeron algunos.
Entre críticas por la diferencia del trato concedido por las autoridades a los bomberos, la mayoría de ellos contratados por el puerto y una minoría dependientes del departamento de seguridad pública nacional, 24 bomberos fallecidos de este último grupo fueron condecorados ayer con medallas de oro por sacrificio nacional.
El Ministerio de Seguridad Pública así lo anunció, si bien la inmensa mayoría, alrededor de 75 bomberos que perdieron la vida, estaban contratados por el puerto de Tianjin.
Las explosiones se produjeron el 12 de agosto en una terminal de contenedores de la compañía Ruihai International Logistics, que según algunas investigaciones publicadas por medios oficiales incurrió en severas infracciones, como carecer de licencia para almacenar químicos peligrosos (hasta 3.000 toneladas) y estar a menos distancia de lo permitido por la ley de viviendas.
Mientras varios ejecutivos de Ruihai están detenidos y funcionarios del puerto son investigados, así como otros altos cargos a nivel nacional sin haber sido directamente relacionados con lo ocurrido, los damnificados se quejan de las indemnizaciones ofrecidas y de que se desconozca aún qué sucedió.
El Gobierno, dice algunos afectados, les ofrece una indemnización sin querer negociar y hay algunos, los que trabajan como funcionarios, que si no la aceptan son amenazados con ser despedidos, según dijeron vecinos de la zona.
