Familiares y compañeros de los 43 estudiantes atacaron hoy las instalaciones de la fiscalía del estado de Guerrero en México.
EFE
CHILPANCINGO (México).- Familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi un año en la ciudad mexicana de Iguala atacaron hoy las instalaciones de la fiscalía del estado de Guerrero para protestar por la deficiente respuesta de las autoridades.
En torno a las 09.00 hora local (14.00 GMT) una decena de autobuses llegaron a las oficinas de la fiscalía ubicadas en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, en el sur de México.
En la fachada, el grupo de familiares y de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa pegaron las fotografías de los 43 jóvenes desaparecidos el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde fueron atacados y retenidos por policías locales.
Según la versión oficial, estos los entregaron a narcotraficantes, quienes los hicieron desaparecer en una hoguera encendida en un basurero del municipio vecino de Cocula, una versión que los padres y distintas organizaciones no creen posible.
Un grupo de manifestantes rompió vidrios e ingresó en las instalaciones de la institución, donde destruyeron parte del mobiliario.
También incendiaron un pequeño módulo de seguridad de la misma fiscalía y posteriormente bloquearon de manera intermitente la Autopista del Sol, que une la capital mexicana con Acapulco, donde solicitaron una cooperación económica a los automovilistas.
Además, los manifestantes tomaron diez camionetas de empresas privadas y del Gobierno y se las llevaron al municipio de Tixtla, donde se encuentra la escuela dedicada a la formación de maestros.
Los padres señalaron que esta protesta es parte de las acciones que realizarán hasta el próximo 26 de septiembre, cuando se cumple un año de la desaparición, "ante la nula respuesta de las autoridades".
El fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, anunció en rueda de prensa la apertura de una investigación contra quienes resulten responsables por los daños provocados a las instalaciones.
Detalló que los atacantes, quienes llevaban los rostros cubiertos, quemaron las casetas de vigilancia y destrozaron puertas, ventanas, mobiliario, papelería oficial y equipo de cómputo en las áreas administrativas.
Godínez señaló que aún se están cuantificando los daños provocados y aseguró que "no habrá tolerancia a quienes se escuden en demandas para vandalizar".