BRASILIA.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió reabrir una Acción de Impugnación de Mandato Electivo (AIME) presentada por la oposición contra la presidenta Dilma Rousseff.
Según reporta el diario "Folha de Sao Paulo", la acción se basa en sospechas de irregularidades en las finanzas de la campaña de reelección de 2014, cuando Rousseff y su entonces vicepresidente, Michel Temer, obtuvieron un segundo mandato en las elecciones generales de octubre.
Esta es la primera vez que se instala una acción de ese tipo contra un presidente de la República.
La acción fue presentada por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y se suma a otros tres procesos, también impulsados por los socialdemócratas, que se encuentran en manos de la Justicia Electoral.
Las cuatro acciones pueden derivar en la pérdida del mandato de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT).
El diario "O Estado de Sao Paulo" precisa hoy que la decisión de reabrir la acción de impugnación de los mandatos fue resuelta por cinco votos contra dos.
El proceso estaba paralizado desde agosto, debido a que uno de los magistrados que integran el tribunal había pedido prórroga para analizar las denuncias.
La principal sospecha es que el PT recibió dinero desviado de Petrobras, en el marco de la red de corrupción que sacude al ente estatal. Los recursos ilícitos, según la sospecha, habrían sido usados para financiar la campaña política de la presidenta.
La rendición de cuentas de Rousseff relativas a la campaña de 2014 fue aprobada a fines del año pasado, por unanimidad, pero con salvedades, por el tribunal electoral.
Debido precisamente a esas salvedades el relator de la rendición de cuentas de Rousseff, Gilmar Mendes, ordenó que las autoridades pertinentes continuaran investigando las sospechas de irregularidades.
En septiembre, Mendes envió a la Fiscalía General de la República y a la Policía Federal un pedido de investigación de la campaña de reelección, basado en indicios de que se cometieron delitos de lavado de dinero y falsedad ideológica. En este último caso, se refiere a la presunta apertura de empresas "fantasmas" con el único fin de recibir dinero ilícito para nutrir la campaña electoral.
El PT asegura que no existió ninguna irregularidad en la recaudación de fondos para la campaña de Rousseff. Según el coordinador jurídico de la campaña, Flávio Caetano, las acciones que analiza la Justicia Electoral se basan en asuntos que fueron resueltos o durante la campaña electoral o durante la rendición de cuentas.
"El tribunal demoró diez meses para decidir que la acción debe ser recibida, lo que muestra que es una acción frágil", dijo Caetano.
En caso de que Rousseff y Temer pierdan sus mandatos, asumiría la Presidencia el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien junto a Temer forman parte del Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Posteriormente deberá llamar a elecciones en un plazo de 90 días.
El proceso en la Justicia Electoral se suma al que reanuda hoy el Tribunal de Cuentas (TCU), que analiza presuntas irregularidades en las finanzas del gobierno de Rousseff en 2014. Si este tribunal recomienda al Congreso reprobar el balance presentado, la presidenta puede ser objeto de un proceso que derive en su destitución.
