BRASILIA.- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, perdió el miércoles una importante batalla legal cuando la
corte federal de auditorías rechazó las cuentas fiscales del año pasado de su Gobierno, despejando el camino para que sus opositores intenten realizar un juicio político en su contra.
Estos lamentaron el fallo anunciado en el Congreso, aunque no estaba claro cuan pronto actuarían o si tendrían el apoyo suficiente para lanzar un proceso contra la presidenta a pesar del creciente escándalo que involucra a la estatal Petrobras y de la recesión más grave de Brasil en 25 años.
"Esto establece que ellos adulteraron las cuentas fiscales, lo que es un crimen administrativo y la presidenta Rousseff debería enfrentar una votación sobre un juicio político", dijo Carlos Sampaio, líder del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en la Cámara baja.
El congresista Rubens Bueno del Partido Popular Socialista dijo, "es el fin del gobierno de Rousseff", agregando que la oposición tiene los votos para iniciar los procedimientos en la Cámara baja, aunque quizás no alcance la mayoría de dos tercios necesaria para un juicio político en el Senado.
En un intento de última hora para ganar tiempo, el gobierno había pedido a la Corte Suprema que retrasara el dictamen del miércoles, pero el principal tribunal de Brasil lo rechazó.
En otro revés para Rousseff, la TCU rechazó una solicitud del fiscal general Luís Inacio Adams de remover al juez que audita las cuentas del 2014 debido a que hace unas semanas declaró en público que planeaba considerarlas inválidas.
Adams dijo que el Gobierno apelaría a la decisión ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil para revocar el fallo.
En una votación unánime, la Corte Federal de Cuentas de Brasil (TCU, por sus siglas en portugués), determinó que el gobierno de Rousseff manipuló sus cuentas en el 2014 para ocultar un creciente déficit fiscal, en momentos en que la mandataria realizaba una campaña para obtener la reelección.
El fallo, el primero de la TCU contra un presidente brasileño en casi 80 años, no es legalmente vinculante, pero será utilizado por legisladores de oposición para justificar el inicio de un juicio político contra la impopular líder izquierdista en un Congreso cada vez más hostil con el Gobierno.
El despacho de Rousseff dijo que no existen fundamentos legales para el fallo y afirmó en un comunicado que la corte sancionó indebidamente acciones adoptadas por su gobierno para mantener activos los programas sociales que favorecen a los pobres del país.
