La crisis del Gobierno se da en medio de la baja popularidad de la Presidenta, quien sólo alcanza un 10% de aprobación.
AP (archivo)
BRASIL.- Este miércoles el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil decidió recomendar al Parlamento de ese país, que
rechace las cuentas públicas del Ejecutivo tras el hallazgo de irregularidades en los balances.
Entre las anomalías figuran la apertura de créditos sin autorización del Congreso, la omisión de la contabilidad de deudas ya contraídas y maquillaje de las cuentas públicas del Gobierno.
Según calculó el juez instructor del caso, Augusto Nardes, se omitieron del balance deudas por 27.300 millones de dólares.
"Esto establece que ellos adulteraron las cuentas fiscales, lo que es un crimen administrativo y la presidenta Rousseff debería enfrentar una votación sobre un juicio político", dijo Carlos Sampaio, líder del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña.
Las consecuencias
Hoy, el análisis recae en las posibles consecuencias de un eventual rechazo a la gestión de la Presidenta Dilma Rousseff.
El documento entregado por el organismo fiscalizador se entregará a una Comisión Mixta del Presupuesto del Congreso Nacional, para ser traspasado con posterioridad al plenario.
En el caso de conseguir los votos suficientes para rechazar las cuentas presentadas por el Gobierno, se podría atribuir a la presidenta de no cumplir con la ley de Responsabilidad Fiscal. Ello puede traer como consecuencia una solicitud de destitución hacia la mandataria.
El Gobierno recurrirá al Supremo Tribunal Federal (STF) para que invalide la recomendación del Tribunal de Cuentas y así evitar la votación en el Parlamento.
Sin embargo, hay quienes aseguran que la destitución de Rousseff no sería posible, pues los crímenes de los que se le acusa habrían tenido cabida en 2014. Con ello se hace referencia al mandato anterior de la presidenta, por lo que no podría solicitarse su salida.
Sumado a dichas acusaciones, la jefa de Estado deberá enfrentar la
investigación del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, el que poco antes de conocerse el informe del TCU, decidió reabrir una Acción de Impugnación de Mandato Electivo presentada por la oposición contra la Presidenta.
La acción se basa en sospechas de irregularidades en las finanzas de la campaña de reelección de 2014, cuando Rousseff obtuvo un segundo mandato.
La petición realizada por el partido opositor Social Democracia Brasileña (PSDB), se suma a otros tres procesos, también impulsados por los socialdemócratas, que se encuentran en manos de la Justicia Electoral. Las cuatro acciones también podrían derivar en la salida de la mandataria del Ejecutivo.
La crisis del Gobierno se da en medio de la baja popularidad de la Presidenta, quien sólo alcanza un 10% de aprobación.
