SANTIAGO.- Durante la mañana del 17 de enero de 1966 en el pueblo de Palomares, en el sur de España, dos aviones estadounidenses chocaron en medio de una maniobra de reabastecimiento de combustible en el aire, dejando caer cuatro bombas nucleares.
A casi medio siglo del accidente, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, firmaron este lunes en Madrid un
acuerdo político para limpiar la zona contaminada restante.
El accidente, ocurrido a 10 kilómetros sobre la costa del Mediterráneo, se efectuó entre un bombardero B-52G del ejército y un avión cisterna KC-135.
A pesar de la caída de las bombas, no hubo explosión. Una de ellas quedó intacta y otra cayó al mar, siendo recuperada 80 días después del siniestro. Sin embargo, dos de los artefactos se destruyeron con el impacto y rociaron con polvo de plutonio altamente radioactivo, un área de al menos 220 hectáreas de terreno.
Nadie de la localidad murió esa mañana, pero los cuatro tripulantes del avión cisterna fallecieron en el acto y tres de los siete pasajeros del B-52 corrieron la misma suerte.
Pero las consecuencias podrían haber sido aún mayores. Si los dispositivos hubiesen tenido sus detonadores activados, Palomares hubiera sido la protagonista de una explosión nuclear.
Según las medidas de seguridad, las bombas termonucleares contaban con paracaídas que debían amortiguar el descenso. Sin embargo, dos de ellos no se activaron y provocaron la caída que determinó su destrucción y el esparcimiento del plutonio.
La Limpieza
Como primera medida de contención, las autoridades estadounidenses ordenaron la excavación de los primeros cinco centímetros de la superficie de los alrededores de Palomares, lo que equivaldría a 1.700 toneladas de tierra contaminada. Dichas muestras fueron depositadas en barriles y enviadas a sitios de almacenaje nuclear en el país norteamericano.
Además, ante las posibles repercusiones en la salud de la población local, EE.UU. y España acordaron financiar chequeos de sangre anuales para los residentes y el monitoreo del entorno. Para ello, la potencia norteamericana destinaría 403 mil dólares cada año.
Frente al clima de desconfianza que se plasmó sobre una posible contaminación, el entonces ministro español de Información y Turismo, Manuel Fraga, se bañó junto con el embajador de Estados Unidos, Biddle Duke en las costas de Palomares, para así despejar toda clase de rumores.
No obstante, pese a los procesos de limpieza, en 2003 el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) perteneciente al Gobierno español, concluyó que aún había cincuenta mil metros cúbicos de tierra contaminada con plutonio radioactivo en la zona.
Ante el análisis, el Ejecutivo español decidió, un año más tarde, descontaminar por completo la zona e insto EE.UU. a pagar parte de las medidas que se implementarían, lo que resultó con un compromiso en 2006.
Sin embargo, en 2010, el Departamento de Energía del país norteamericano estimó que los recursos anuales de 403 mil dólares anuales que destinaba a investigación en Palomares, había expirado y dejó de pagar.
Este lunes, los representantes de ambos países firmaron un memorando en que se comprometen a iniciar la negociación, para lograr establecer un nuevo acuerdo que ponga fin a la radiactividad en la zona.
