SAN JOSÉ.- Cientos de trabajadores del sector público protestaron hoy en al menos diez localidades de Costa Rica para pedir condiciones laborales dignas y rechazar la política económica del Gobierno, que promueve actualmente una reforma fiscal.
La huelga afectó de manera parcial a algunos servicios públicos, entre ellos el suministro de combustibles, el servicio al cliente en el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la operación de muelles en Limón y Moín y la de algunos centros médicos, detalló el coordinador del bloque sindical Patria Justa, Albino Vargas.
Con pancartas con leyendas como "Por la dignificación del empleado público", "En defensa de los parques nacionales" y "Condiciones dignas para los guardaparques", cientos de personas se agruparon frente al Ministerio de Hacienda en San José.
La manifestación se extendió a varios puntos del país, como La Garita en Alajuela (centro), Limón y Siquirres (Caribe), Río Claro (zona sur) y Ochomogo en Cartago (centro), entre otros.
Vargas indicó con la huelga los funcionarios públicos manifiestan su rechazo a la precarización y empobrecimiento salarial y exigen un abordaje social e integral del problema de las finanzas públicas y la situación socio-laboral.
Además, los trabajadores demandan una política nacional de empleo público que garantice condiciones socio-económicas mínimas y suficientes para la supervivencia digna de la clase trabajadora y la apertura del diálogo para definir una nueva metodología de calificación de los empleados públicos.
Además reclaman que la refinación de los derivados del petróleo siga en manos del Estado costarricense.
"Estamos en contra del modelo neoliberal, contra la criminalización de los sindicatos, contra aquellos que culpan a los empleados públicos por la crisis fiscal satanizando nuestra profesión. Lo que buscamos es defender a los trabajadores de este país", expresó a Efe la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (APSE), Ana Doris González, quien se unió al movimiento.
Los grupos sindicales han manifestado que el creciente déficit fiscal de Costa Rica no es culpa de los trabajadores, por lo cual no se deberían ver afectados con más impuestos y el encarecimiento del costo de la vida.
Datos del Ministerio de Hacienda indican que el déficit fiscal del país alcanzó en los primeros nueve meses de 2015 un 4,3 % del Producto Interno Bruto (PIB), superior al 4 % registrado en el mismo periodo del año pasado.
El Gobierno de Luis Guillermo Solís impulsa en el Congreso, sin mayores avances, varias reformas tributarias que incluyen, entre otras cosas, cambios en el impuesto de la renta y la conversión del impuesto de ventas del 13 % en uno del valor agregado (IVA) del 15 %.
Los sindicalistas también pidieron al presidente Solís (2014-2018) mostrar "voluntad política" para cumplir con el cambio que prometió durante su campaña electoral.
Solís aseveró hoy a medios de comunicación la disposición del gobierno costarricense de mantener los canales de diálogo para tratar de evitar una huelga que ha calificado como "injustificada".
"Queremos garantizar que el diálogo social se mantenga y que no se traspasen los límites de la razonabilidad de la ley. Un servicio no puede ser interrumpido (...) me comprometo a garantizar que no se interrumpan de manera indefinida, si ocurriera, cada quien deberá aguantar las consecuencias de sus actos", expresó Solís.
La Casa Presidencial anunció que el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, recibirá hoy a los dirigentes sindicales para intentar llegar a un acuerdo sobre sus exigencias.
El Gobierno y los grupos sindicales se reunieron el pasado jueves para buscar una solución distinta a la huelga, sin embargo, no se alcanzó un entendimiento.
Patria Justa ha denominado esta actividad como una "jornada patriótica en defensa del Estado Social de Derecho y de las Garantías Sociales, y en contra de la reforma del Estado".
Las organizaciones que participaron en la huelga son el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y de la Fábrica Nacional de Licores (SIPRO-CNP) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Además del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP), Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (SITRAP), Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA), Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) y el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE).
