CARACAS.- El gobierno de Venezuela oficializó este lunes la declaración del estado de excepción en una localidad del estado Amazonas, fronterizo con Colombia, una medida dictada antes sobre otros 23 municipios, casi la totalidad de la zona limítrofe con el país andino y que pretende combatir el contrabando y el crimen organizado.
Se decretó "el estado de excepción en el municipio Atures del estado Amazonas, dadas las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social", señaló el decreto presidencial publicado en Gaceta Oficial.
El texto sostiene que la decisión fue tomada considerando que "se ha venido presentando de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo una amenaza compleja (...) mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, narcotráfico y contrabando".
Una medida de iguales características fue anunciada en agosto pasado por el presidente Nicolás Maduro en 10 municipios de Táchira, otros 10 del estado Zulia y tres de Apure, una orden que fue acompañada por el cierre del paso fronterizo con Colombia.
La medida, que no precisa si se suspenderá o no el paso fronterizo por ese territorio, fue dictada en solo uno de los siete municipios del estado fronterizo y tendrá una duración de 60 días prorrogables a 60 días más.
La decisión que ya fue decretada en Táchira hace dos meses, fue prorrogada por el Ejecutivo por otros 60 días más.
Con este decreto quedan "restringidas" una serie de garantías establecidas en la constitución venezolana en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 por un periodo de 60 días prorrogables a 60 días más.
La norma establece que las autoridades venezolanas "ejecutarán registros" para investigar "graves ilícitos administrativos" contra "las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio", así como delitos relacionados con la "Seguridad de la Nación", el "orden socioeconómico", la identidad y el "orden migratorio".
Bajo este marco legal también se señalan restricciones al tránsito de mercancías y bienes, por lo que las autoridades podrán revisar equipajes y vehículos.
Todo lo anterior podrá realizarse "sin la necesidad de una orden judicial previa", aunque se aclara que en todo el procedimiento se respetará "de forma absoluta" la dignidad de las personas.
Para entrar en vigor, el decreto necesita todavía de la aprobación tanto de la unicameral Asamblea Nacional como del Tribunal Supremo de Justicia.
