BRASILIA.- La Cámara de Diputados de Brasil inició este martes un proceso disciplinario que podría poner fin al mandato de Eduardo Cunha, presidente de ese cuerpo y dueño de la llave para abrir un impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff.
Cunha, un legislador conservador enfrentado con el Gobierno, está acusado de mentir a sus pares al negar que tenía cuentas en el extranjero durante una declaración que hizo ante una comisión por el escándalo de corrupción en Petrobras. En el marco de esa causa fue acusado de cobrar un soborno de cinco millones de dólares.
Las malas nuevas para el poderoso diputado evangélico llegaron el mes pasado desde Suiza, cuando la procuraduría dijo que había hallado cuentas bancarias no declaradas de Cunha en ese país y señaló que había "fuertes indicios" de que eran "producto de delitos".
Los partidos PSOL y Rede Sustentabilidade lo denunciaron de inmediato ante el consejo de ética por "quiebra de decoro", una infracción que contempla penas que van desde una suspensión de seis meses hasta el fin del mandato.
"La Procuraduría General de la República confirmó oficialmente la existencia de cuentas bancarias a nombre del representado, lo que revela la prestación de declaraciones falsas por parte del diputado, un acto incompatible con el decoro parlamentario", afirma la denuncia.
Por su rol como Presidente de la Cámara baja, Cunha es responsable de aprobar o archivar las solicitudes de juicio político contra Rousseff.
Su enfrentamiento con el Palacio de Planalto ha hecho crecer la tensión a medida que su situación legal se complicaba y crecían las versiones de que podría dar luz verde a alguna de las muchas solicitudes de impeachment que tiene bajo análisis.
El consejo de ética tiene 21 miembros, con un bloque mayoritario ligado al partido de centro derecha PMDB, una fuerza con varias tendencias a la que pertenece Cunha, que deberá elegir un legislador para tramitar la denuncia y dar un parecer en 10 días. El resultado de ese análisis será evaluado por el resto de los integrantes.
En caso de que la moción proponga el juzgamiento de Cunha y sea aprobada por el resto del cuerpo del consejo, el acusado tendrá 10 días para defenderse y al cabo de 90 días habrá un veredicto, que no podrá ser apelado.
