BRASILIA.- El senador opositor Aécio Neves afirmó este miércoles que el posible juicio político que enfrentará la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se ajusta a la Constitución y deberá ser encarado con "toda naturalidad" y dentro de lo previsto en la ley.
Neves, ex candidato presidencial y presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), se manifestó así después de que el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptara iniciar los trámites para un proceso con miras a la destitución de Rousseff.
"El presidente de la Cámara de Diputados tomó la decisión que le cabía, ajustada a la Constitución", dijo Neves, quien insistió en que las maniobras fiscales que justificaron esa iniciativa suponen un "delito de responsabilidad" que las leyes contemplan como una de las posibles causas para destituir a un mandatario.
"En este momento, existe un sentimiento de prudencia para que este proceso pueda tener el trámite adecuado y que la propia presidenta pueda tener oportunidad de presentar sus justificativas", indicó.
Neves, derrotado por Rousseff en las elecciones del año pasado por sólo tres puntos porcentuales, señaló que se deberá "garantizar un amplio derecho a la defensa" a la mandataria.
Sin embargo, consideró que Brasil puede estar cerca de un "nuevo momento de retomada de la confianza, de las inversiones, del empleo y el crecimiento económico", lo cual sostuvo que "deberá ser sin el actual Gobierno".
Según Neves, el Ejecutivo "se ha venido perdiendo a lo largo del tiempo por sus incoherencias y sus irresponsabilidades" y "no tiene las mínimas condiciones para sacar al país de la actual crisis" política y económica.
El jefe de los Diputados aceptó un pedido de juicio político presentado por varios juristas y cuatro partidos de la oposición, entre ellos el PSDB, que se apoya en maniobras fiscales irregulares que el Gobierno hizo para maquillar sus resultados de 2014 y que continuaron este año, según organismos de contraloría del Estado.
Después de conocerse la decisión, Rousseff dirigió un breve pronunciamiento al país, en el que se dijo "indignada" y aseguró que las acusaciones en su contra "son inconsistentes" y no se basan en "ningún acto ilícito".
Una vez que Cunha aceptó el pedido de juicio político, la decisión deberá ser analizar por una comisión parlamentaria, que estudiará el mérito de las acusaciones.
Si respalda la apertura del proceso, esa comisión establecerá un plazo para la defensa de Rousseff y luego elaborará un informe, que en caso de apoyar el juicio político obligará a la presidenta a separarse del cargo durante 180 días, que es el tiempo que tendrá el Senado para realizar el propio juicio.
