CARACAS.- Dos semanas después de la abrumadora victoria parlamentaria de la oposición, el gobierno venezolano despliega acciones para minimizar su impacto, mientras que los principales líderes opositores divergen sobre dónde enfilar sus baterías.
Las elecciones del 6 de diciembre dieron paso a declaraciones altisonantes desde ambos sectores, en medio de lo cual el presidente socialista Nicolás Maduro, quien inicialmente admitió el revés como una "bofetada", advierte que no va a "permitir que la derecha consolide su golpe electoral".
"No crean que esto se va a quedar así", lanzó Maduro, quien asegura que la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), confabulada con empresarios y con Estados Unidos, apalancó su triunfo en una "guerra económica" que disparó el descontento popular.
La oposición también ha hecho sonar cantos de guerra. En una entrevista publicada el domingo, el encarcelado líder del ala radical de la MUD, Leopoldo López, señaló que la prioridad de la oposición debe ser ponerle fin al gobierno de Maduro antes de 2019, cuando culmina su mandato.
"El primer paso que debemos dar es consolidar el compromiso del liderazgo opositor en cuanto a que Maduro debe salir antes de 2019 y que para lograrlo existen mecanismos constitucionales", dijo López en un cuestionario respondido a medios latinoamericanos desde la prisión militar de Ramo Verde (periferia de Caracas).
Discrepando de esa postura, el ex candidato presidencial y representante del sector moderado de la MUD, Henrique Capriles, afirmó este lunes que Venezuela no precisa más agendas políticas sino medidas para enfrentar la crisis económica, reflejada en una inflación de 200% y una contracción de 10% en 2015, según cálculos independientes.
"La gente votó para sacar a Venezuela de la crisis, para que empiece a bajar la inflación, la escasez, que los salarios no se sigan deteriorando, para que podamos tener una institucionalidad que permita que el país funcione", expresó Capriles.
López purga una condena de casi 14 años de cárcel que le fue impuesta en septiembre tras ser acusado de incitar a la violencia durante protestas para presionar la renuncia de Maduro, que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014, y que fueron criticadas por Capriles.
Maduro tomó nota este lunes de esas diferencias: "Ellos tienen un debate, si arrancan con su agenda contrarrevolucionaria ahora o la van edulcorando y lo hacen más adelante", dijo, y ratificó su llamado a corregir los errores del proyecto fundado por el líder Hugo Chávez (1999-2013).
La mayoría de dos tercios faculta a la oposición para acortar el mandato de Maduro mediante un referendo revocatorio, una enmienda constitucional o una asamblea constituyente, así como aprobar amnistías para "presos políticos", lo que la MUD anticipa como su primer acto legislativo.
"Pareciera que López, cuando salga de la calle, irá a protestar a Miraflores, mientras que Capriles está convencido de que la ruta es seguir consolidando el poder popular para sacar al gobierno a través del voto", indicó a la AFP Héctor Briceño, analista político de la Universidad Central de Venezuela.
Además de denunciar un "golpe electoral", el chavismo instaló hace una semana un "parlamento nacional comunal", instancia prevista en las denominadas "leyes del poder popular", para hacer contrapeso a la mayoría que tendrá la oposición a partir del 5 de enero.
Pero esta nueva institución "no tiene ningún fundamento jurídico", indicó a AFP el constitucionalista Enrique Sánchez. "No está prevista en la Constitución. Es una acción para confundir, crear incertidumbre, pero no tiene ningún poder jurídico, ni siquiera en las leyes que han creado al respecto", precisó Sánchez.
Añadió que con ello el gobierno busca "decirle a sus seguidores que está haciendo algo para enfrentar la derrota", aunque observó que un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de línea chavista podría dotar al "poder comunal" de facultades para hacer contrapeso al parlamento venezolano.
"Es un riesgo que no podemos ocultar, pero sería un exceso que comprometería a los jueces", sostuvo Sánchez.
Este martes, en sesiones extraordinarias, la mayoría oficialista designará a una docena de magistrados del TSJ, lo que analistas ven como parte del blindaje que se procura el chavismo tras 16 años de hegemonía, pues esa corte podría bloquear decisiones parlamentarias.
"Cuando nombran a los jueces de forma apresurada, expresan que no quieren jueces independientes", sostiene Briceño.
En ese contexto, analistas advierten sobre el riesgo de un "bloqueo institucional", aunque el analista estima que la gravedad de la crisis puede forzar a los actores a cambiar sus agendas.
