NUEVA DELHI.- La India cambió la ley a toda prisa esta semana para poder juzgar como adultos a menores de entre 16 y 18 años, tan solo dos días después de que quedara libre uno de los violadores en un caso que conmocionó al país, un cambio legal cuestionado por expertos en leyes y activistas de derechos humanos.
"Puede que no pudiéramos hacer nada sobre el condenado juvenil en el caso Nirbhaya, pero podemos disuadir a muchos otros chicos de hacer lo mismo", sentenció la ministra para la Mujer y el Desarrollo Infantil de la India, Maneka Gandhi, al aprobar el Parlamento el martes las enmiendas de la conocida como Ley de Justicia Juvenil.
El cambio "intenta traer un equilibrio entre los derechos del menor y la necesidad de detener crímenes juveniles atroces, especialmente contra las mujeres", declaró la ministra tras alertar del aumento de los delitos cometidos por menores en el país.
El debate de las enmiendas a esta ley de 2000 fue incluido el lunes en el orden del día del Parlamento indio, dos días antes de que concluyera su sesión de invierno y al día siguiente de que quedara libre el más joven de los condenados por una violación que justo tres años atrás consternó al país asiático.
Los padres de la joven violada presenciaron el debate desde la tribuna de invitados y aunque alabaron las enmiendas, lamentaron que "el joven convicto, que era el más brutal", quedara libre a pesar de sus "repetidas demandas", en palabras de la madre, Asha Devi.
"Al soltar al condenado juvenil en este caso, las autoridades habían dado un mensaje equivocado, pero la nueva ley disuadirá a los jóvenes de cometer crímenes horrendos contra mujeres", aseveró el padre, Badri Singh.
El joven participó en diciembre de 2012 en Nueva Delhi, cuando era menor, en la violación en grupo en un autobús en marcha, con otros cinco adultos, de una universitaria de 23 años, que moriría días después por las graves heridas, siendo condenado a la pena máxima de tres años de internamiento en un reformatorio.
La reforma legal, sin embargo, "se ha tomado por la presión pública y con criterios políticos erróneos, no racionales, draconianos, y no representa ningún progreso", declaró la experta Ved Kurami, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Delhi.
"La ley que había era buena y con esta se acaba con más de cien años de tradición de protección al menor, ignorando convenciones internacionales. Toda la información dada en el Parlamento es errónea y supone una regresión, un paso atrás", subrayó esta especialista en leyes sobre menores cuyo trabajo ha sido reconocido en prestigiosas universidades como la británica de Oxford.
Kurami añadió que "no se ha dicho nada de que solo el 5 % de los delitos son de menores (en la India). Será completamente inútil".
Según datos de la Oficina Nacional de Registro de Delitos del gigante asiático, en 2014 los delitos penales cometidos por menores crecieron un 5,7 % respecto al año anterior, pero representaban menos de 32.000 de los 332.000 crímenes violentos contabilizados.
En el caso de menores, el 20 % correspondían a robos y menos del 6 % a violaciones, en el segundo país más poblado del mundo tras China, con unos 1.210 millones de habitantes según el último censo de 2011, y en el que un tercio la población tiene menos de 18 años.
"Esta nueva ley es el resultado del pánico generado por la violación en grupo del 16 de diciembre (de 2012) en Delhi", manifestó a Efe el activista Anant Asthana, de la Red Legal de Derechos Humanos de la India.
A su juicio, "los medios han jugado un papel muy beligerante exagerando el rol del más joven en el incidente y además presentaron repetidamente datos incorrectos sobre el crimen juvenil en India".
Asthana advirtió de que "viola la Convención de Derechos del Niño (de Naciones unidas) y la misma Constitución india. La India tiene una historia de 165 años guiada por un espíritu de reinserción en la leyes para menores desde la época colonial británica. Es la primera vez que este espíritu se diluye".
India es uno de los países firmantes de esa Convención de 1989, que llevó a muchos países a adaptar sus legislaciones para no tratar penalmente a menores como adultos hasta los 18 años, como sucedió en buena parte de América Latina.
Instituciones como la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos del Niño o la Escuela Nacional para el Menor y la Ley de la India habían advertido de esas contradicciones legales, según recordó en un informe la organización Amnistía Internacional.
"La decisión se ha tomado deprisa, bajo la presión de la opinión pública y los medios. Tratar a niños como adultos no es una buena política y el problema de esta ley es que está enfocada al delito, no a la persona que lo comete", concluyó el activista.
La decisión de si un menor es juzgado como un adulto dependerá de comités de expertos que se crearán en todo el país y en caso de que fuera condenado, permanecerá hasta los 21 años en una institución para menores y no podrá ser sentenciado ni a cadena perpetua ni a la pena de muerte.
