CIUDAD DE GUATEMALA.- Una jueza de lo Penal dictó hoy prisión preventiva y resolvió procesar al millonario empresario Gustavo Alejos, ex secretario privado de la Presidencia de Guatemala durante el gobierno de Álvaro Colom, sindicado de tráfico de influencias y corrupción.
"En estas conversaciones telefónicas se evidencia la influencia que usted ejerció para la compra de un producto", dijo la jueza Silvia de León al emitir su resolución en referencia a los medios de prueba que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la ONU presentaron contra el acaudalado empresario del ramo farmacéutico.
La Fiscalía y la comisión acusan a Alejos de haber ejercido tráfico de influencias, aprovechando el cargo que ejercía, para que sus empresas obtuvieran millonarios contratos para el suministro de medicinas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El nombre de Alejos también fue incluido por la comisión como presunto operador político en un informe sobre las mafias que controlan a los partidos políticos. Dicho informe fue presentado por el organismo internacional poco antes de las elecciones generales de septiembre.
Alejos fue el principal financista de la campaña política que cumplió Colom para alcanzar la presidencia en los comicios de 2007. Tras asumir la presidencia, el ex Mandatario lo nombró como secretario privado.
El acusado, quien se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan, es hermano del actual diputado Roberto Alejos, fundador del partido Todos que participó en las elecciones de septiembre.
Éste fue apoyado por el ex Presidente de Guatemala Alfonso Portillo, tras retornar al país a principios de este año, luego de cumplir una condena en Estados Unidos, país que lo acusó de lavado de dinero y corrupción.
La jueza De León, titular del Juzgado Sexto de lo Penal, dio un plazo de tres meses a la Fiscalía para desarrollar la investigación del proceso contra el empresario.
La acusación contra Alejos forma parte de una serie de investigaciones por casos de corrupción promovidos por la Fiscalía durante este año y que incluyen el de una estructura de defraudación aduanera conocido como "La Línea", por el cual debieron renunciar a sus cargos y quedar bajo proceso la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el ex Presidente Otto Pérez.
