CARACAS.- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó el miércoles la constitucionalidad del decreto del presidente Nicolás Maduro que declara "un "estado de emergencia económica" y le otorga por 60 días poderes para enfrentar la crisis económica que agobia a los venezolanos.
Maduro remitió el decreto al Tribunal Supremo para determinar si está ajustado a las leyes y la constitución.
Pero aún está pendiente su aprobación por la Asamblea Nacional, que evaluará esta semana el decreto. Sin embargo, algunos analistas estiman que el camino para su aprobación no será fácil debido a las fuertes críticas de la mayoría opositora que hacen prever nuevos choques entre los poderes en este país sudamericano.
En un comunicado divulgado la noche del miércoles, la Sala Constitucional del máximo tribunal afirmó la constitucionalidad del decreto que "declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico".
En el escrito, el Tribunal observó que el "referido decreto atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica" y "resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado".
Además, "constató que se verifican los extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decretadas, y que el decreto resguarda y no implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser limitadas por expreso mandato constitucional".
Las autoridades anunciaron el 15 de enero un decreto de emergencia económica que le permitirá al gobierno disponer de recursos especiales para atender los gastos del presupuesto; lograr financiamientos para recuperar la inversión; establecer límites máximos de ingreso y egreso de moneda venezolana en efectivo, y tener acceso a los medios de transporte, canales de distribución y almacenes privados.
La presentación del decreto coincidió con la difusión que hizo el Banco Central de Venezuela de la tasa de inflación que alcanzó en septiembre pasado una variación anualizada de 141,5%, mientras que la economía se contrajo en 7,1% en el tercer trimestre del 2015, cifras que Maduro consideró como "catastróficas".
Venezuela enfrenta una desbordada inflación y una recesión económica en medio de crecientes problemas de desabasto, así como un severo déficit fiscal que los analistas estiman que podría agravarse este año ante la caída de los precios del petróleo, que es la principal fuente de ingresos del país.
Maduro ha pedido apoyo a todos los sectores y al congreso, controlado por la oposición, para hacer frente a la crisis.
El martes, en un encuentro con empresarios, el mandatario exhortó a "tener grandeza" a quienes han hecho llamados públicos en contra del decreto y a aquellos "que están en privado haciendo lobby (para presionar) para que la Asamblea Nacional me niegue... el decreto de emergencia y entremos en una confrontación".
El diputado opositor, José Guerra, expresó el miércoles que las razones esgrimidas en el decreto "no está la explicación" de la crisis y señaló que ésta es la consecuencia del modelo que en los últimos años fue impuesto para convertir al país en un estado socialista.
Según los críticos del gobierno, el control de los precios de productos de primera necesidad, los engorrosos trámites para transportar o almacenar los artículos, y las expropiaciones de empresas, desalientan las inversiones, socavaron el aparato productivo del país y en conjunto constituyen las principales causas de la escasez y una larga lista de distorsiones que se evidencian en la economía venezolana.
