Entre los grupos opositores hay conglomerados político-sociales, sindicatos, instituciones religiosas e incluso la ONG Greenpeace, quienes firmaron un manifiesto asegurando que el texto legal servirá para "reprimir y controlar manifestaciones de grupos organizados".
Sin embargo, uno de los incisos de la normativa estipula que ésta no se aplicará a las conductas cometidas por "las personas que participen en manifestaciones políticas, movimientos sociales o sindicales" y cuyo propósito sea "contestar, criticar, protestar o apoyar, con el objetivo de defender o buscar derechos, garantías y libertades constitucionales".
Según el documento emitido por las agrupaciones opositoras, a pesar de la salvaguarda propuesta por la iniciativa, la ley concede a la policía y a la Fiscalía la facultad discrecional de definir qué actitudes se relacionan o no con los movimientos sociales.
"Queda claro que este dispositivo, en el caso de que sea aprobado, será utilizado por los sectores conservadores contra las manifestaciones legítimas de los diversos movimientos sociales", sostiene el manifiesto.
La ley antiterrorista brasileña ya fue visada por el Senado y la Cámara, y ahora debe ser revisada por la Presidenta Dilma Rousseff, a quien las agrupaciones sociales piden vetar el proyecto.
