El documento que apoya a Lula da Silva está firmado, entre otros, por el ex presidente de Chile Ricardo Lagos.
Archivo La Segunda
RÍO DE JANEIRO.- El Instituto Lula, que actúa como portavoz del ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva —investigado por las autoridades del país— divulgó hoy un documento de apoyo al antiguo a cargo del Ejecutivo suscrito por varios ex presidentes latinoamericanos y otros líderes políticos.
"Lula no se considera ni está por encima de la ley, pero tampoco puede ser objeto de ataques injustificados en contra de su integridad personal", apuntó la institución en un comunicado.
El texto está suscrito por los ex mandatarios Cristina Fernández y Eduardo Duhalde (Argentina), Ricardo Lagos (Chile), Carlos Mesa (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia), Mauricio Funes (El Salvador), Manuel Zelaya (Honduras), Martín Torrijos (Panamá), Nicanor Duarte y Fernando Lugo (Paraguay), Leonel Fernández (República Dominicana) y José Mujica (Uruguay).
También suscribieron el documento el ex presidente del Gobierno español Felipe González, el ex primer ministro italiano Massimo D'Alema (Italia) y el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza.
El instituto mostró su preocupación ante "el intento de algunos sectores de destruir la imagen de este gran brasileño", que, en ningún caso, "se considera por encima de las leyes", pero que tampoco debe ser objeto de "ataques injustificados contra su integridad personal".
"Lula llevó adelante un ambicioso programa de cambio social en Brasil, que sacó de la pobreza y de la miseria a millones de hombres y mujeres", destacó la entidad, que además se mostró convencido de que la "verdad prevalecerá".
La Fiscalía acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está a nombre de la constructora OAS, y cuya propiedad ha sido negada por él en reiteradas ocasiones.
La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional del estado de Sao Paulo, que no tiene plazo definido para pronunciarse sobre si la acepta o la niega.
