BEIJING.- Los tribunales chinos doblaron sus condenas por delitos contra la seguridad del Estado el año pasado con la inculpación de 1.419 personas.
Esto coincide con la aprobación de la nueva ley de Seguridad Nacional, que incluye ilícitos como el terrorismo y el secesionismo.
El presidente del Tribunal Popular Supremo, Zhou Qiang, dio a conocer hoy este dato durante el discurso de presentación de su informe anual ante el pleno del Legislativo, reunido desde el pasado día 5 en Pekín.
En 2014, un total de 712 personas fueron condenadas en China por secesionismo o terrorismo en 558 casos de este tipo, un 14,8 % más respecto a 2013.
Así, el año pasado se doblaron tanto el número de condenados como el de casos, ya que los tribunales dictaron 1.084 sentencias en estos litigios.
La ley de Seguridad Nacional, un texto polémico por sus amplias competencias que abarcan desde las finanzas hasta la religión, pasando por la política, el ejército, la ciberseguridad y la ideología, fue aprobada a finales de junio.
Zhou explicó que el año pasado los juzgados chinos redoblaron sus esfuerzos contra el secesionismo y el terrorismo, así como contra aquellos que difundían productos audiovisuales sobre terrorismo, y anunció que este año continuarán castigando "severamente" a secesionistas y terroristas.
A finales de diciembre, el Legislativo chino dio luz verde a la primera ley Antiterrorista en la historia del país, otra normativa controvertida, que contempla el envío de militares a misiones en el extranjero, la obligación a las empresas tecnológicas de facilitar al Gobierno acceso a sus sistemas y restricciones informativas.
En otro discurso, el fiscal general chino, Cao Jianming, dijo que la Fiscalía Popular Suprema dio un paso adelante para perseguir a los sospechosos de estar implicados en actividades criminales el año pasado y se comprometió a combatir en 2016 las infiltraciones, subversiones, sabotajes y fuerzas hostiles.
El aumento de condenas por atentar contra la seguridad del Estado destacó en el informe del Tribunal Popular Supremo porque, en general, el número de personas que recibieron sentencias inculpatorias creció un 4 % hasta situarse en 1,23 millones.
La campaña anticorrupción del Gobierno chino tuvo ocupados a los juzgados del país, que cerraron el año pasado 34.000 casos de supuesta corrupción en los que fueron sentenciadas alrededor de 49.000 personas, según datos del Tribunal Popular Supremo.
De cara a este año, se esperan cifras similares, puesto que la Fiscalía abrió en 2015 40.834 nuevas investigaciones por corrupción en las que hay un total de 54.290 funcionarios implicados.
Hasta 22 antiguos altos cargos fueron procesados el año pasado por su vinculación con prácticas corruptas, según el informe de la Fiscalía Popular Suprema, que subrayó el caso del exministro de Seguridad Pública Zhou Yongkang, condenado a cadena perpetua.
Las autoridades judiciales chinas también revelaron que desde octubre de 2014 han sido repatriados 124 sospechosos de este tipo de prácticas ilegales procedentes de 34 países.
Por otra parte, los tribunales chinos dieron su veredicto sobre 19.000 casos relacionados con la contaminación y el uso de recursos medioambientales el año pasado, con un incremento de un 18,8 % respecto a 2014.
Además, un total de 31.527 presos fueron amnistiados y se corrigieron 1.300 sentencias en las que los tribunales reconocieron equivocaciones y, según la Fiscalía Popular Suprema, el número de personas retenidas sin estar acusadas se redujo en 2015 a seis.
