Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez.
La Nación
BUENOS AIRES.- La difusión de imágenes de cámaras de seguridad en las que se ve al hijo de un empresario cercano al kirchnerismo en una oficina en la que cuentan millones de dólares generó este miércoles un escándalo en Argentina y reforzó las sospechas sobre una supuesta red de lavado de dinero que ya investiga la Justicia.
En las grabaciones, difundidas anoche por Canal 13, se ve el recuento de millones de dólares en la oficina que tenía la financiera SGI en un edificio del lujoso barrio porteño de Puerto Madero, el mismo en el que la ex Presidenta argentina Cristina Fernández compró dos inmuebles.
Las imágenes, que datan de 2012, muestran a Martín Báez, hijo del contratista de obra pública Lázaro Báez, extrayendo de una bolsa grandes sumas de dólares que son contadas por una máquina.
El fiscal Guillermo Marijuán, a cargo de la causa que investiga las supuestas maniobras de Lázaro Báez para lavar dinero, se mostró sorprendido por el contenido del video y expresó hoy a una radio local que el juzgado ha pedido que se lo entreguen para que sea analizado.
Marijuán subrayó que varias de las personas que aparecen en las grabaciones ya habían sido citadas a declarar antes de conocer la existencia de estas grabaciones.
"Con los elementos de prueba que hay, existía un estado de sospecha generado respecto a varias personas. Esta prueba reforzará, quizás, cuando hagamos el análisis, ese estado de sospecha", señaló el fiscal.
El pasado junio, Marijuán pidió al juez Sebastián Casanello indagar a Lázaro, a Martín Báez y al financista Federico Elaskar, entre otros.
La investigación se inició en 2013 cuando Elaskar dijo en un programa de televisión haber sacado del país millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, algo que luego negó ante la Justicia.
En la causa se investiga si el dinero fue sacado en efectivo, en aviones privados, a Uruguay, desde donde presuntamente era girado por transferencias a Suiza a cuentas de sociedades panameñas.
Báez, dueño de la firma Austral Construcciones, fue el principal adjudicatario de obras públicas en la sureña provincia argentina de Santa Cruz durante el kirchnerismo.
El empresario investigado era un estrecho colaborador del fallecido ex gobernador de esa provincia y ex Presidente argentino Néstor Kirchner.
