"No hubo desvío de poder ni un intento de obstruir a la justicia" en el nombramiento de Lula, indicó la Procuraduría General de la Unión (AGU, por sus siglas en portugués), que representa y defiende al Estado, en un comunicado, contrariamente a lo que sostenía el juez que emitió el fallo preliminar.
La apelación fue introducida en la justicia del Distrito Federal, que no tiene plazo para pronunciarse.
El juez Itagiba Catta Preta suspendió la toma de posesión de Lula, al considerar que su designación obedecía al intento de protegerlo ante la justicia de investigaciones relacionadas con las redes de corrupción descubiertas en la estatal Petrobras.
"No hay en la designación un intento de escapar de una investigación. La finalidad es indiscutible", adujo el ministro jefe de la AGU, José Eduardo Cardozo, que calificó al juez Catta Pretta de ser una "persona que
se ha comprometido públicamente con una militancia política" para "acabar con el gobierno" de Rousseff.
En su recurso, la AGU dice además que "la decisión viola frontalmente el principio de la separación de poderes", porque "compete particularmente al presidente de la República la designación y destitución de ministros de Estado, sin que haya algún impedimento legal para la asunción del ex Presidente".
El nombramiento de Lula le procura fueros especiales, y solo puede ser procesado por la Corte Suprema, evitándole comparecer ante el juez Sérgio Moro, que lleva la causa Petrobras.
"Lula seguirá obligado a responder por todos los actos que supuestamente haya cometido", ante la Corte Suprema, que ya se ha mostrado "extremadamente severa en juicios criminales", indicó la nota del jefe de la AGU.
"Es hasta una ofensa a la magistratura nacional afirmar que la corte estará 'sujeta a influencias políticas o cualquier otra forma no legítima para decidir'", añadió la nota.
La crisis que sacude al gobierno brasileño arreció el miércoles cuando Moro
liberó el audio de una conversación interceptada entre Lula y Rousseff, en la que la Mandataria le informó que le enviaba el decreto de su nombramiento para que pueda "usarlo en caso de necesidad".
Investigadores estiman que la Presidenta quería proteger a Lula de una eventual orden de prisión.
Según Cardozo, Lula "es formalmente ministro de la Casa Civil, pero sus actos en el cargo carecen de validez" hasta que la justicia regional, que incluye al Distrito Federal, se pronuncie.
