SAO PAULO.- La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo el viernes que la grabación de su conversación telefónica con el ex Mandatario Luiz Inácio Lula da Silva esta semana fue ilegal y prometió responder con "todas las medidas apropiadas".
En un discurso, Rousseff reiteró que sus conversaciones sólo podían ser grabadas con la autorización de la Corte Suprema, cuestionando la legalidad de las grabaciones divulgadas por el juez federal Sergio Moro en una investigación por corrupción que alcanzó al círculo interno de la Presidenta.
Rousseff afirmó que "no es válido" grabar a un presidente "sin autorización judicial". "En muchos lugares quien pone escuchas a un presidente es arrestado, si no tiene autorización de la Justicia", manifestó la jefa de Estado.
La presidenta de Brasil además afirmó que el combate a la corrupción "no justifica" el menoscabo de la democracia.
"Estoy a favor del más riguroso combate a la corrupción, que todos los corruptos vayan a la cárcel. Lo único en lo que no estoy a favor es de que alguien justifique que para combatir la corrupción, también se tiene que llevar la democracia por delante", dijo Rousseff en un discurso en el municipio de Feira de Santana, en Bahía.
El juez Sergio Moro ordenó realizar escuchas telefónicas a Lula y después permitió la divulgación de los audios, una vez que levantó el secreto que pesaba sobre el proceso al remitirlo al Tribunal Supremo.
En una de las conversaciones, interceptada el pasado miércoles, Rousseff le dice a Lula, investigado por sospechas de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos, que le envió con un mensajero un documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use "en caso de necesidad".
El diálogo, según diferentes analistas, dejó traslucir que ambos estaban preocupados con la posibilidad de que algún juez ordenara la detención preventiva de Lula antes de que el ex Mandatario fuera investido como ministro, lo que ocurrió este jueves.
También Rousseff rechazó la "politización" de las investigaciones y de los órganos responsables del combate a la corrupción, entre ellos la policía, la fiscalía y el poder judicial.
En relación a las manifestaciones que han sucedido en los últimos días en ciudades de todo el país contra su Gobierno, Rousseff aseguró que respeta ese derecho.
"Estuve tres años en la cárcel. Cualquiera puede ir a la calle a manifestarse. Lo respeto y lucharé por esos derechos", finalizó.
