RÍO DE JANEIRO.- La justicia de Brasil decidió este viernes anular la segunda de las dos medidas cautelares presentadas contra el nombramiento del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como ministro en el Ejecutivo de Dilma Rousseff.
Esa decisión permite a Lula volver a ejercer su cargo de ministro, según confirmaron voceros de la Abogacía General de la Unión (AGU), el órgano que presentó la apelación ante los tribunales.
Lula fue nombrado ministro de la Casa Civil este miércoles y un día después fue investido. No obstante, pasados sólo 40 minutos desde su juramento, dos jueces ordenaron suspender los efectos de su posesión, atendiendo a demandas presentadas por partidos y grupos opositores.
La primera cautelar, tomada en un tribunal de Brasilia, fue anulada este jueves, y la segunda, que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue reprobada por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región.
En su decisión, el vicepresidente de la corte, Reis Fride, argumentó que la corte no es competente para impugnar un acto decidido por la Presidenta, Dilma Rousseff, que solo podría ser contrariada por el Tribunal Supremo.
Además, el magistrado Fride consideró que "no le cabe al Poder Judicial el rol de inmiscuirse en consideraciones de carácter político" y valoró que la suspensión del nombramiento de Lula podría acarrear una "grave lesión" al orden público y a la economía, considerando "el riesgo de agravamiento de la crisis político-social que la nación atraviesa".
La Abogacía General de la Unión solicitó al Tribunal Supremo que unifique las decenas de demandas que los opositores han presentado en cortes de todo el país para cuestionar el nombramiento de Lula.
La oposición considera que dicho proceso es ilegal porque se trata de una supuesta maniobra para que Lula evite ser juzgado por corrupción en los tribunales comunes.
Los opositores sostienen que Lula no puede ser nombrado ministro al estar bajo investigación en diversos procesos y haber sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.
Además alegaron que existe la posibilidad de que se beneficie de su cargo, que goza de muchos poderes, para influir en la Policía, en la Fiscalía y en los tribunales con la intención de obstruir el curso de la Justicia respecto a la Operación Lava Jato, que incluye las investigaciones por el Caso Petrobras.
A pesar de las cautelares, el abogado del Estado, Eduardo Cardozo, explicó el jueves que Lula no dejó de ser ministro y solo fue impedido de ejercer sus funciones hasta que la decisión judicial fuera resuelta.
