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Denuncian diversos abusos cometidos contra enfermos mentales en Indonesia

Según Human Rights Watch las personas son ingresadas a la fuerza a centros psiquiátricos, donde sufren violencia sexual y física.

21 de Marzo de 2016 | 06:39 | EFE
BANGKOK.- La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció hoy los abusos contra los enfermos mentales cometidos en Indonesia y la falta de alternativas ofrecidas por las autoridades.

En un informe titulado "Viviendo en el infierno: Abusos contra las personas con discapacidad psicosocial en Indonesia", HRW evidencia el ingreso forzado de personas con problemas de salud mental en instituciones psiquiátricas donde afrontan violencia sexual y física, incluida la terapia electroconvulsiva.

En otros casos, las propias familias encierran a sus parientes enfermos, que en muchas ocasiones acaban encadenados, en lugares insalubres debido al estigma social y a la ausencia de apoyos comunitarios.

"Encadenar a las personas con problemas de salud mental es ilegal en Indonesia, sin embargo sigue siendo una práctica generalizada y brutal", señala Kriti Sharma, investigadora de HRW, que documentó 175 casos de personas que se encuentran actualmente encadenadas, encerradas o que fueron recientemente liberadas.

"Las personas pasan años inmovilizadas con cadenas, cepos de madera o encerradas en establos de cabras porque sus familias no saben qué hacer con ellas y el gobierno no ofrece alternativas más humanas", indica Sharma, en un comunicado que acompaña al informe.

Para la investigación, HRW entrevistó a 149 personas, entre adultos y niños con discapacidad psicosocial, y visitó 16 instituciones psiquiátricas y centros tradicionales de curación en las islas de Java y Sumatra.

Indonesia prohibió en 1977 encadenar o encerrar a los pacientes en un espacio reducido, un método conocido en el país como "pasung", aunque según datos citados por HRW unas 18.800 personas sufren a día de hoy esta práctica.

HRW instó al Gobierno a inspeccionar de manera regular todas las instituciones psiquiátricas públicas y privadas, y tomar medidas contra los centros que practiquen el encadenamiento o abusen de las personas con problemas mentales.
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