SAO PAULO.- La justicia brasileña revocó este sábado la prisión preventiva dictada contra nueve personas detenidas en los últimos días en el marco de la causa Lava Jato, nombre de la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, y que investiga -entre otros- al grupo Odebrecht.
El juez Sergio Moro, que concentra las investigaciones del caso Petrobras, dejó en libertad a los implicados debido al cumplimiento del plazo estipulado anteriormente, pero los dejó con arraigo nacional.
De acuerdo con la decisión del juez, los investigados deberán entregar el pasaporte a la Justicia en un plazo de tres días.
Moro también informó en los próximos días decidirá si remite al Tribunal Supremo una lista encontrada en la casa de un funcionario de Odebrecht en la que figuran más de 200 políticos que habrían recibido donaciones para sus campañas, aunque no se sabe si legales o ilegales.
La Fiscalía brasileña señaló esta semana que la compañía contaba con un departamento "profesional" exclusivo para el pago de sobornos en Brasil, que usaba empleados de confianza y tenía un sistema electrónico propio.
Tras ser destapada la nueva fase de la Operación Lava Jato, el grupo Odebrecht informó que realizará una "colaboración definitiva" con la Justicia en el marco de las investigaciones del caso Petrobras.
Odebrecht, un gigante con 168.000 empleados y que actúa en diferentes sectores, pero principalmente en la construcción, es una de las cerca de veinte empresas acusadas de integrar la red de corrupción que operó en Petrobras.
Según han establecido las autoridades brasileñas, las grandes contratistas de Petrobras montaron un cartel para distribuirse los contratos de la petrolera y supervaloraron los negocios realizados con la estatal por al menos una década.
Para garantizar los contratos distribuían sobornos entre varios de los directores de Petrobras y decenas de autoridades y políticos que amparaban las corruptelas.
El caso ya ha mandado a prisión a los directores de varias de las mayores constructoras de Brasil y ha salpicado a medio centenar de políticos de todos los partidos, principalmente oficialistas, entre los que se cuenta al presidente del Senado, Renán Calheiros, y al timonel de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
El último blanco de la operación es el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien la Fiscalía acusa de haber recibido favores de las empresas que lograron beneficios de los desvíos en Petrobras.
