LA HABANA.- La guerrilla de las FARC urgió el sábado al gobierno colombiano a firmar un acuerdo "en ciernes" en sus diálogos de paz en Cuba para desmantelar el paramilitarismo en Colombia.
"El acuerdo para el Desmantelamiento del Paramilitarismo, aún en ciernes en la mesa (de negociaciones) de La Habana, requiere su urgente firma e implementación", señaló la guerrilla en un comunicado, publicado en el portal de su delegación de paz en La Habana (pazfarc-ep.org).
"El crecimiento de las acciones paramilitares contra la población civil y dirigentes políticos y sociales desarmados, ensombrecen los sustantivos avances de los procesos de diálogos con las insurgencias y contra los anhelos de paz de todos los colombianos", añadió el grupo insurgente.
Asimismo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) expresaron "honda preocupación" y rechazaron "el intento de agresión" que Piedad Córdoba sufrió el viernes en Quibdó (Colombia, noroeste), hecho que "corona una amenazadora ofensiva paramilitar en todo el país".
Una falsa alarma de artefacto explosivo al paso de la vocera del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica generó "gran confusión" al ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, que prometió investigar el ataque, pero no lo vinculó de momento con el paro armado declarado por el Clan Úsuga, principal banda criminal de Colombia, en el noroeste del país.
"Exigimos al gobierno nacional esclarecer las responsabilidades tras esta andanada paramilitar y tomar medidas inmediatas que nos garantice a todos el ejercicio de la política sin armas", agregó la organización comunista, que negocia desde 2012 un pacto histórico para acabar con más de medio siglo de lucha armada contra el Estado.
Las partes empezaron a discutir en enero pasado estrategias para terminar con los grupos paramilitares, y las FARC esperan recibir garantías de que éstos no serán una amenaza, como ha ocurrido en otros períodos cuando fueron asesinados activistas o políticos de izquierda por bandas de ultraderecha aliados con militares, quienes terminaron en la cárcel por esos vínculos.
Acusados de delitos de lesa humanidad, miles de paramilitares depusieron las armas durante un controvertido proceso de negociación con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), tras lo cual surgieron nuevas bandas dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales que la guerrilla ha denunciado como nuevos paramilitares.
