SANTIAGO.- El presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Maranhao, decidió este lunes anular la votación que decidió continuar con el juicio político contra la Presidenta Dilma Rousseff, ocurrida el pasado 17 de abril.
Maranhao, quien forma parte del opositor Partido Progresista y reemplazó en la testera de la Cámara Baja al suspendido diputado Eduardo Cunha, programó una nueva votación sobre el "impeachment" contra la Mandataria para cinco sesiones más, contadas desde la devolución del proceso por parte del Senado.
La decisión fue tomada tras la petición hecha por el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, quien realiza la defensa de Rousseff en este proceso. Según el nuevo titular de la Cámara, durante la primera votación "ocurrieron vicios que dejan nula y sin efecto la sesión en cuestión".
De esta forma, Maranhao argumentó, por ejemplo, que los diputados no debieron haber anunciado su preferencia antes de la votación contra la jefa de Estado. Asimismo, el parlamentario aseguró que la defensa de la Presidenta debió haber tenido la opción de hablar durante la citada sesión.
Del mismo modo, el parlamentario argumentó que el resultado de la votación debería haber sido formalizado en una resolución, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento interno de la Cámara de Diputados, lo que tampoco ocurrió.
Esta noticia ocurre la misma semana en que el Senado debería votar la continuidad de Rousseff en su cargo. En caso de aprobar el juicio político, la Presidenta estará suspendida en el Gobierno durante 180 días.
Sin embargo, ahora hay dudas respecto al futuro del proceso, ya que todo hace prever que la Cámara Alta también deberá suspenderlo tras la decisión del diputado Maranhao.
Waldir Maranhao asumió la presidencia de la Cámara Baja luego de que la Corte Suprema
decidiera suspender a Eduardo Cunha de su cargo, al ser acusado de dificultar las investigaciones de la justicia en el caso Petrobras, donde también estaría implicado, luego de que se descubriera que poseía cuentas en paraísos fiscales.
Según la acusación, el parlamentario habría recibido propinas de por lo menos cinco millones de dólares, por haber facilitado contratos con la petrolera estatal.
