SANTIAGO.- Lo que se veía venir, finalmente ocurrió. Tras más de 18 horas de debate, una mayoría de los 81 senadores brasileños ya se han manifestado a favor de aprobar la apertura de un juicio político contra la Presidenta Dilma Rousseff, pese a que aún falta que se oficialice la votación final.
Si bien esta se realizará en las próximas horas, 50 parlamentarios confirmaron su intención de aprobar el impeachment. Mientras que solo 21 se han manifestado en contra. De esta manera, la Mandataria será suspendida en su cargo por 180 días, mientras se prepara el proceso en su contra.
Esta situación ya había sido predicha por los medios brasileños y los expertos, que ya vaticinaban que el juicio político obtendría los sufragios requeridos, dado el quiebre del Gobierno con diversos partidos políticos, entre ellos el PMDB, con mayoría en el Parlamento.
De este modo, Rousseff queda inmediatamente suspendida en el cargo durante 180 días, mientras dure el juicio político en su contra. Una vez que concluya en las próximas horas la sesión que se inició ayer, el Senado deberá informarle a la Mandataria de su suspensión.
Durante este plazo, asumirá la testera el actual vicepresidente, Michel Temer, quien ya tiene a la mayoría de su futuro gabinete definido y ha sido definido como "traidor" por Rousseff.
En caso de que la jefa de Estado sea declarada culpable en el impeachment (con los dos tercios de los votos), dejará el cargo definitivamente, asumiendo Temer en su lugar hasta el fin del mandato, es decir, el 1 de enero de 2018.
El proceso
Dilma Rousseff está siendo acusada por supuestos crímenes de responsabilidad, violando leyes fiscales y maquillando el déficit presupuestario de su país. La denuncia se enmarca en el escandaloso caso Petrobras, que ha salpicado tanto a figuras del oficialismo como de oposición, como el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el suspendido titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y el propio vicepresidente Temer.
De acuerdo al oficialismo, esta acusación carece de profundidad, por lo que no amerita un proceso de este tipo. Del mismo modo, la Presidenta Rousseff aseguró que no ha cometido delito alguno y que esta es una práctica usual entre sus antecesores, arguyendo la hipótesis de que en realidad se trataría de un "golpe de Estado blando".
Pero el proceso, desde que fue presentado, ha sumado cada vez más adeptos y ha crecido, lo que ha llevado al Gobierno a presentar una serie de recursos judiciales ante el Parlamento y los tribunales de justicia, los que han sido infructuosos.
Así, tras la categórica victoria de la oposición en el pleno de los diputados, siguieron los reveses para el Ejecutivo en el Senado, tanto en la comisión investigadora como en el pleno. Sin embargo, el Gobierno tuvo una luz de esperanza cuando el presidente interino de la Cámara, Waldir Maranhao, decretó anular la primera votación.
Pero esta alegría duró un rato, ya que el Senado resolvió continuar con el proceso. Incluso, el propio Maranhao se rectificó horas después. A eso se suma el rechazo de la Corte Suprema de anular el proceso. Así, Rousseff no tiene más que acatar la decisión de la Cámara Alta y dejar el Palacio de Planalto.
