BUENOS AIRES.- La justicia argentina allanó propiedades de Lázaro Báez, empresario cercano a la familia Kircher, valoradas en un total de 749 millones de pesos (53 millones de dólares), en el marco de una causa por la que está detenido desde el 5 de abril y que investiga una presunta red de lavado de activos.
A finales de abril, el juez de la causa, Santiago Casanello, ordenó realizar una serie de allanamientos en las extensas propiedades de Báez en la sureña provincia de Santa Cruz y el fiscal Guillermo Marijuan dijo que la hipótesis más fuerte sobre el origen del patrimonio es el "sobreprecio" en las obras públicas.
Asimismo, Marijuan confirmó hoy, en declaraciones a Radio La Red, que hasta ahora la suma de lo allanado hasta el momento ronda los 749 millones de pesos (unos 53 millones de dólares), una cifra que supera lo previsto en un primer momento por la Justicia.
"Se hicieron una serie de allanamientos en Santa Cruz con motivo de conocer algunas propiedades (de Báez) que estaban declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Después nos encontramos que el número de propiedades era mucho mayor", confesó el fiscal.
La Justicia investiga las supuestas maniobras a través de una financiera para sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado.
Lázaro Báez fue estrecho colaborador del fallecido ex Presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007) y principal adjudicatario de obra pública en Santa Cruz, bastión kirchnerista.
Es la misma causa por la que Marijuan pidió investigar a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2003-2007).
El fiscal se encuentra hoy en la provincia de Chubut, donde recientemente se ha comprobado la existencia de alrededor de 26 propiedades de Báez, en busca de información que anteriormente había sido requerida al registro de la propiedad inmueble.
"Con las medidas que tenemos estamos bien, satisfechos. Embargar y prohibir la venta y estamos analizando el patrimonio", aseveró el fiscal.
En cuanto a la situación en la que se encuentra la ex Presidenta respecto al caso, el fiscal remarcó que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley".
"Estamos reuniendo pruebas en la causa. (...) Veremos si se puede pasar a un estado procesal distinto en la imputación. Se puede hacer un pedido de declaración indagatoria para cualquier persona", consideró.
Sin embargo, aclaró que para que "cualquier ciudadano" pueda ser citado a prestar declaración indagatoria, tiene que haber un supuesto, y añadió que con respecto a la ex Presidenta, "hasta el momento" no se ha avanzado hacia esa situación.
Si bien la causa se inició en 2013, cuando un financiero reconoció en televisión haber sacado del país millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, volvió a tomar impulso en 2016 cuando diversos medios locales difundieron unos vídeos grabados en 2012 que muestran a varias personas contando millones de dólares en una oficina en Buenos Aires.
