WASHINGTON.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, propuso este miércoles crear un fondo directo de aportes de los 34 países del ente para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) supere su grave crisis y evite despedir al 40% de su plantilla.
"Propongo que la Corte y la Comisión presenten en la Asamblea General (de junio en la República Dominicana) un proyecto de contribución de los países directamente a la Comisión y la Corte para darles viabilidad, autonomía técnica e independencia", anunció hoy Almagro ante los embajadores en el Consejo Permanente.
El titular de la OEA hizo esta propuesta después de que la plana mayor de la CIDH y sus 78 trabajadores acudieran al Consejo en una movilización sin precedentes para pedir a los Estados fondos urgentes que "salven" al órgano de la "crisis extrema" que sufre.
La propuesta de Almagro consiste en constituir un fondo independiente de la aportación anual que la OEA da a la CIDH anualmente, que es solo el 6 % del presupuesto (4,8 millones de dólares) y no llega ni a la mitad del mínimo que la Comisión necesita para desempeñar sus funciones (10 millones).
"Es una idea que ya flotaba en el aire. Es una cosa similar a lo que tiene la Corte de Justicia del Caribe: los Estados crean un fondo con un capital de inicio extraordinario, semilla, y también pueden contraer créditos con bancos de desarrollo para irlo pagando", explicó hoy a los periodistas el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, en los pasillos de la OEA.
"Hemos tomado buena nota de su solicitud, vamos a trabajar en ello y presentaremos una propuesta en la Asamblea General", confirmó en referencia a la reunión anual de cancilleres de la OEA, que este año se celebra entre el 13 y 15 de junio en Santo Domingo.
Almagro hizo su propuesta al término de una sesión del Consejo en la que el presidente de la CIDH, James Cavallaro, urgió a los 34 Estados a aportar fondos antes del 15 de junio porque el órgano no tiene dinero para renovar los contratos del 40 % del personal (30 personas) ni para proseguir con sus visitas y audiencias.
Solo Panamá, Costa Rica y Antigua y Barbuda se comprometieron públicamente a aportar fondos inmediatos para evitar el colapso de la CIDH, mientas que Canadá y Uruguay también prometieron hacer gestiones al respecto.
México, Argentina, Chile y Guatemala se mostraron críticos con la gestión de la CIDH, cuestionaron su transparencia, eficacia e imparcialidad y llamaron a preguntarse si los Estados no tienen voluntad de darle fondos porque no están satisfechos con su trabajo.
El embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, fue el que mantuvo una posición más dura con la CIDH, llegando incluso a sugerir su cambio de sede de Washington a San José (Costa Rica) para ahorrar costos, ya que allí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Este tipo de críticas a la CIDH y las propuestas de que abandone su sede histórica de Washington (desde su creación en 1959) habían provenido hasta ahora de los países de la Alianza Bolivariana, sobre todo Venezuela y Ecuador, que cuestionan tanto a la Comisión como a la propia OEA por un supuesto sesgo a favor de una visión estadounidense.
Sin embargo, hoy ninguno de los principales países del Alba (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua) tomó la palabra para referirse a la crisis de la CIDH, un debate en el que sí participaron Chile, México, Panamá, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Jamaica, Colombia, Argentina, EE.UU., Paraguay, Perú, Canadá, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Guatemala.
