SANTIAGO.- Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una dura advertencia: se encuentra en una
"grave crisis financiera", lo que significaría la suspensión de sus visitas previstas para este año y de las sesiones programadas para julio y octubre. Asimismo, esto implicaría la pérdida del 40% de su personal, al no poder renovarles los contratos.
Según este organismo creado por la Organización de Estados Americanos (OEA), "la suspensión de las sesiones tiene un impacto directo en la capacidad de la Comisión de avanzar en el procesamiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ya que es en dichas sesiones cuando los Comisionados y las Comisionadas analizan, debaten y aprueban informes sobre peticiones y casos", expresó.
Esta crisis económica pasa principalmente porque la OEA sólo financia el 6% del presupuesto anual de la CIDH (4,8 millones de dólares), cuando el mínimo que requiere éste para funcionar son 10 millones de la divisa estadounidense. Es ahí cuando es primordial el aporte de instituciones europeas, pero según el organismo, la crisis migratoria que vive el viejo continente también ha incidido en un desvío de la ayuda.
Así, el llamado de la OEA a sus 34 miembros ha sido el de
crear un fondo directo para superar esta crisis. Sin embargo, sólo Panamá, Costa Rica y Antigua y Barbuda se comprometieron, mientras que Canadá y Uruguay prometieron hacer gestiones internas al respecto.
En tanto, hubo países como México, Argentina, Chile y Guatemala que expresaron duros reparos a la gestión de la CIDH, cuestionando su transparencia, eficacia e imparcialidad.
La gravedad
Francisco Cox es un abogado chileno con amplia trayectoria en materia de derechos humanos. Su nombre cobró notoriedad al representar a la jueza Karen Atala en su demanda contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por haber sufrido trato discriminatorio debido a su condición sexual. Incluso, formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIE) de la CIDH, encargado de investigar la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, México.
Es por eso que es un nombre autorizado a la hora de hablar de un organismo con el cual ha trabajado. Desde Washington, dijo a Emol que este es "uno de los mecanismos más eficientes de protección de los sistemas de protección de DD.HH., por lo tanto debilitarlo por vía de darle el financiamiento que requiere es de la máxima gravedad".
"La forma en que la afecta es como si de un mes a otro a nivel interno no se pudiesen financiar los tribunales y tuviesen que dejar de tener audiencias y despidieran al 40% de su personal, claramente la vigencia del derecho en ese país se diría que está en jaque", recalcó.
"Esa es la situación a nivel de la región si no logra revertirse el problema de dineros: la vigencia del respeto al derecho en la región está en peligro", agregó.
En este sentido, casos como la propia investigación de Ayotzinapa, la situación de los presos políticos venezolanos, la defensa de los derechos indígenas, las minorías sexuales o la igualdad de género, se verían perjudicados, por lo que estas causas quedarían prácticamente indefensas.
"Al no tener financiamiento la capacidad de relevancia de la CIDH también se ve afectada, ya que la capacidad de documentar posibles violaciones a la convención disminuye y con la supervisión del respeto al estado derecho", sentenció Cox.
Por ahora, sólo queda esperar qué ocurrirá de aquí a julio, aunque las esperanzas de que mejore esta situación son bien escasas.
