SANTIAGO.- El Gobierno de Chile expresó su compromiso para ayudar a revertir la grave crisis financiera que enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la obligaría a prescindir del 40% de su personal y a suspender las sesiones programadas para julio y octubre de 2016.
En una declaración pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que "reafirma una vez más su compromiso con el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y manifiesta su decisión de impulsar iniciativas con los demás países de la región para encontrar fórmulas que le permitan a la CIDH resolver esta grave situación".
"Valoramos muy especialmente el importante rol desempeñado por la CIDH en la defensa de la democracia en nuestro continente y en la salvaguardia de los derechos de las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, como ocurrió durante el régimen dictatorial que imperó en Chile por cerca de 17 años", agregó la Cancillería.
Esto fue corroborado por el propio canciller Heraldo Muñoz, quien justificó la ayuda de Chile "porque en definitiva nuestro pasado está marcado por lo que ellos hicieron, y por cierto el presente y el futuro son otras tareas".
En este sentido, la ayuda estará materializada en contribuciones voluntarias, las cuales "sumadas a las que puedan hacer otros países, debieran contribuir a evitar una paralización de las actividades de la CIDH en los próximos meses", según explicó la Cancillería.
"Asimismo, nos comprometemos a aunar esfuerzos y acciones en los espacios y foros internacionales a fin de facilitar a largo plazo el adecuado funcionamiento de todos los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", agregó el organismo.
Del mismo modo, el ministerio de RR.EE. destacó el apoyo de Chile al ofrecerse como país anfitrión para las sesiones extraordinarias de la CIDH que se llevarán a cabo en Santiago entre el 6 y el 10 de junio próximo. Allí, completa el comunicado, el ministro Muñoz reiterará el compromiso del Gobierno para encontrar una solución conjunta a este problema.
Esta declaración se suma a la ya hecha durante el fin de semana por la Cancillería chilena, en conjunto con las de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, en la que se manifestaron estar "conscientes de la situación financiera de la CIDH".
En este sentido, estos gobiernos se comprometieron a "aunar esfuerzos y trabajos en los diferentes espacios y foros en materia de derechos humanos en los que participen a fin de facilitar su adecuado funcionamiento".
