SANTIAGO.- La justicia argentina solicitó nuevas medidas de prueba en el marco del caso que investiga la participación del Presidente argentino, Mauricio Macri, en empresas offshore reveladas por los "Panama Papers".
Según consigna el diario argentino La Nación, el juez federal, Sebastián Casanello, pidió información sobre algunas sociedades que hasta ahora no estaban bajo investigación, pero que son sospechosas de cometer delitos económicos.
Se trata de compañías que podrían haber estado ligadas al Mandatario, aparte de las dos sociedades en las que se les implicó originalmente, Kagemusha y Fleg Trading Ltd.
Los investigadores indagan la teoría de que existió un "conglomerado de sociedades" interconectadas con las dos firmas a las que se vio vinculado el Macri tras la filtración de los "Panama Papers".
El fiscal que lleva el caso, Federico Delgado, había advertido en su requerimiento de las nuevas medidas que el caso podría ir más allá de una presunta omisión maliciosa en declaraciones juradas, que es por lo que el jefe de Estado argentino está siendo indagado.
Por ello, afirmó que se debía investigar la vida de las sociedades para ver si había algún delito económico, lo que cuestionado por la defensa de Macri.
De esta forma el juez Casanello accedió al pedido del fiscal Delgado y solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) una copia certificada del historial completo de las sociedades Grumafra SA, Socma Americana SA, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group. Todo entre 1985 y 2007.
El juez también pidió a la Oficina Anticorrupción una copia de la declaración jurada de bienes presentada por Macri en 2015.
Además solicitó que a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) se obtenga información sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido de las firmas Fleg Trading LTD y Kagemusha, y también de las cinco nuevas empresas investigadas.
La semana pasada, la defensa del Presidente presentó un documento quejándose de la amplitud que estaba tomando el caso y cuestionó las medidas de prueba que el Ministerio Público estaba solicitando. Entre muchas otras diligencias, también se pidió investigar el contenido patrimonial de los dos divorcios de Macri.
El abogado del jefe de Estado, Ricardo Rosental, afirmó que no se oponen a la investigación, pero que las indagaciones del caso iban más allá de lo denunciado, con el fin de ver si se logra detectar cualquier cosa irregular.
