GINEBRA.- En los centros de detención y en los campos de entrenamiento militar de Eritrea se han cometido crímenes contra la humanidad de forma "generalizada y sistemática" en los últimos 25 años, denuncia hoy Naciones Unidas en un informe.
La comisión de investigación sobre los derechos humanos en Eritrea, creada en junio de 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicó hoy su segundo informe en el que denuncia que se han cometido crímenes de esclavitud, prisión, desaparición forzada, tortura, persecución, violación, asesinato y otros actos inhumanos "como una campaña para instaurar el miedo y desalentar a la oposición".
Los integrantes de la comisión destacan que esta situación comenzó cuando las actuales autoridades tomaron el poder en 1991, tras independizarse de Etiopía, y se mantiene hasta ahora.
"Eritrea es un estado autoritario. No hay una justicia independiente, no hay un Parlamento, y no hay otras instituciones democráticas. Esto ha creado un vacío en la ley y el orden y un clima de impunidad para los delitos contra la humanidad ocurridos durante 25 años. Estos crímenes siguen ocurriendo hoy", afirma, citado en el informe, Mike Smith, presidente de la comisión.
El documento destaca que los eritreos están sometidos a servicio militar obligatorio indefinido, detención arbitraria, represalias por supuestas acciones de otros miembros de su familia, discriminación basada en la etnia o la religión, violencia sexual y de género y asesinatos.
Los expertos destacan que el servicio militar indefinido es uno de los argumentos esgrimidos por muchos de los eritreos que huyeron del país.
En 2015, 47.025 eritreos solicitaron asilo en Europa muchos de ellos tras haber cruzado el Mediterráneo en peligrosas travesías.
El informe identifica a individuos específicos, jerarcas del partido gobernante -el Frente del Pueblo para la Democracia y la Justicia- y altos cargos militares como los responsables de los crímenes contra la humanidad.
El texto establece que la Oficina de Seguridad Nacional "es responsable" de muchos de los casos de arresto domiciliario, desapariciones forzadas y tortura en centros de detención oficiales y no oficiales.
Todas las evidencias de estas acusaciones han sido documentadas por la comisión que las transmitirá a las autoridades judiciales competentes.
El Gobierno eritreo no concedió acceso al país a los miembros de la Comisión, que consiguieron la información recopilada de 833 entrevistas con ciudadanos eritreos residentes en 13 países y de 160 declaraciones escritas obtenidas durante su primera investigación entre mediados de 2014 a mediados de 2015.
Tras la publicación del primer informe, la comisión recibió 45.000 declaraciones escritas, la mayoría críticas con el trabajo de los expertos y de similar tipo, por lo que se concluyó que provenían de una campaña organizada por el gobierno para desacreditar el trabajo de los expertos.
