La Nación de Argentina, GDA (archivo)
BUENOS AIRES.- La Justicia argentina denegó hoy la excarcelación al ex secretario kirchnerista de Obras Públicas José López, detenido el mes pasado cuando intentaba ingresar bolsos con unos 9 millones de dólares en un convento.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó que López continúe en la cárcel por un presunto delito de enriquecimiento ilícito al entender que existen riesgos para la investigación en caso de que se le ponga en libertad, además de peligro de fuga, según difundió el Centro de Información Judicial (CIJ).
En su dictamen, Rafecas apunta que las circunstancias en las que López fue detenido permiten "afirmar vehementemente la sospecha de que podría, en caso de encontrarse en libertad, continuar realizando medidas tendientes a obstaculizar la investigación en los autos principales".
A ello "se suma que la importante cantidad de dinero que se le han incautado en el marco de los mismos, permiten además inferir que el mismo posee una capacidad económica suficiente que, a todo evento, le podría permitir sustraerse del accionar de la justicia, lo cual permite también afirmar en el caso de autos el riesgo procesal llamado 'peligro de fuga'", agrega el magistrado.
El fiscal de la causa, Federico Delgado, se había pronunciado en el mismo sentido este lunes respecto a la petición de excarcelación presentada por la defensa del ex funcionario.
López, secretario de Obras Públicas durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, fue procesado con prisión preventiva la semana pasada.
Si bien era investigado desde hace ocho años por presunto enriquecimiento ilícito, la causa cobró un nuevo impulso a mediados de junio, cuando López fue sorprendido intentando ingresar unos 9 millones de dólares en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez.
Desde entonces permanece detenido en la cárcel de Ezeiza, a la espera de someterse a juicio oral.
Está previsto que López declare este martes ante los tribunales argentinos en el marco de otra causa que investiga su responsabilidad y la de otros ex funcionarios por presunto fraude al Estado a través del plan estatal de obras públicas "Sueños compartidos", dedicado a la construcción de viviendas sociales y administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.
