SANTIAGO.- Desde hace semanas que los ojos de la opinión pública argentina están puestos en la ex Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por las investigaciones judiciales en su contra por delitos como lavado de dinero y asociación ilícita.
Ante esto, la ex Mandataria ha asegurado que está siendo perseguida políticamente y rechaza todos los cargos que se le acusan. No obstante, en estos momentos, son tres los jueces que investigan a la ex Presidenta, casos en los que muchos fiscales federales consideran que la prisión para Fernández es casi inevitable.
Lavado de dinero
Los negocios inmobiliarios de la ex Mandataria argentina y su familia están en el ojo de la justicia trasandina. Este presunto delito sería la primera causa cuya pena no es excarcelable porque contempla de 3 a 10 años de prisión.
Los Sauces
Claudio Bonadio es el juez que sigue la causa de la inmobiliaria Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner Fernández. Tras la muerte de Néstor Kirchner, el 45% de esta sociedad pasó al poder de Cristina y las otras acciones se repartieron entre sus hijos Máximo y Florencia.
Una de las máximas denunciantes de este caso ha sido la diputada Margarita Stolbizer, quien sostuvo que la inmobiliaria de la familia presidencial compró una serie de propiedades en el sur de Argentina, que después arrendó a empresarios que ejecutaban obras públicas, pero que nunca fueron utilizadas.
"Dos empresarios, Lázaro Báez y Cristóbal López, que fueron los principales concesionarios de las obras públicas durante el kirchnerismo, se convirtieron en los únicos arrendatarios de las propiedades de Los Sauces, lo que garantizó ingresos millonarios a los Kirchner", afirmó el diario argentino El Clarín. El juez Bonadio ordenó el allanamiento de algunos de los inmuebles de Los Sauces S.A., en la provincia de Santa Cruz en la Patagonia argentina, mientras que Báez permanece encarcelado.
Hotesur
Este caso es similar al de Los Sauces. Hotesur es la empresa administradora del hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina Fernández, sus hijos y sobrinos. Los dos empresarios, Báez y López, reservaron habitaciones que nunca utilizaron para "presuntamente blanquear dinero provenientes de otros negocios", afirmó el diario La Nación.
En el marco de esta investigación, el juez Julián Ercolini -que asumió la investigación luego de que Daniel Rafecas se declarara incompetente- ordenó embargar los 4,6 millones de dólares que estaban en una caja de seguridad de Florencia Kirchner, ante lo cual la hija de la ex Presidenta apeló a la medida. Sus abogados sostuvieron que sobre ella no hay ninguna imputación.
Asociación ilícita
Esta acusación contra Fernández tiene directa relación con los casos anteriores y consiste en una ampliación de ambos procesos.
Este nuevo enfrentamiento entre la justicia argentina y Cristina Fernández fue presentado por Margarita Stolbizer, la misma parlamentaria que afirmó el caso de Los Sauces y el lavado de dinero. Ahora, acusó que durante los periodos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se conformó "una asociación ilícita vinculada a la obra pública con empresarios y funcionarios públicos", sostiene la diputada.
Dólar futuro
El juez federal Claudio Bonadio, que también investiga a Fernández por lavado de dinero en el marco del proceso Los Sauces, es el encargado de este caso.
¿Qué pasó? El Banco Central argentino vendió contratos de dólar a valores inferiores al precio del mercado, esto "con conocimiento e intención", aseguró el juez a cargo de la investigación. Durante el gobierno de Cristina Fernández, los acreedores tuvieron que pagar una suma en pesos argentinos tomando como referencia el dólar en su valor de marzo de 2016 y no el de octubre de 2015 que era el que correspondía.
Bonadio ordenó bloquear las cuentas bancarias de Fernández hasta que acceda a cumplir con el embargo de 15 millones de pesos argentinos por este caso. La defensa de Fernández argumenta que el Banco Central es un ente independiente, por lo tanto, escapa del control de la Casa Rosada.
