PRAGA.- El Instituto CASLA de Praga, una de las principales plataformas checas para los estudios de América Latina en el país, presentarán ante la Corte Penal Internacional de La Haya 55 casos de supuesta tortura en Venezuela.
"Hay torturas masivas desde el 2014 para acá contra detenidos sin importar sexo, edad, profesión, estado físico y mental de las personas", declaró la abogada Tamara Sujú, directora ejecutiva del CASLA, quien viaja mañana a la capital holandesa para presentar las denuncias esta semana.
El instituto CASLA, fundado en 2007, actúa como asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores checo. Entre los testimonios está el de Gloria Tobón Fernández, de 47 años, y su hija Katerin, de 22 años.
Ambas fueron detenidas por funcionarios del ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en marzo de 2014 en la ciudad de Rubio (Estado de Táchira) junto a 23 personas, mientras esperaban el transporte público en una calle por donde pasaría posteriormente una manifestación.
Según la abogada, los métodos de tortura contra esas personas fueron intento de asfixia mecánica, vinagre en la cara, golpes contundentes y puntapiés, después de haber sido vendadas y esposadas por más de doce horas. También, aplicación de electricidad en las uñas, muñecas y zonas íntimas.
A Tobón y su hija "les sacaron fotos y las expusieron en redes sociales dando sus nombres y dirección de domicilio, y recibieron múltiples amenazas de muerte", afirmó Sujú.
Vasco Da Costa, de 55 años, detenido dos veces, escribe que fue encapuchado y golpeado con objetos contundentes, con palo con punta de clavo y con sacos de arena, y que fue colgado por las muñecas y golpeado. También fue sometido a descargas eléctricas, bañado con aguas putrefactas e incomunicado, según su testimonio.
"Actualmente está en una celda con 17 presos comunes, pero la familia ha denunciado que cuando lo sacan al patio les hacen cantar consignas oficialistas y él se niega, y por esto lo golpean", explicó Sujú.
Estos casos son solo algunos de los ejemplos de los testimonios que presentará la abogada, quien denuncia que "la impunidad es tal, que en gran porcentaje ninguno de los casos de tortura ha sido investigado y castigado". Acusó, asimismo, que el uso de torturas "no es circunstancial ni son casos aislados", sino que su aplicación "ha sido utilizada sistemáticamente para intimidar".
El "Informe sobre casos emblemáticos de torturas y métodos utilizados en Venezuela en los años 2002-2016" que será presentado en La Haya no constituye una denuncia, como las realizadas ante esta misma magistratura en 2005 por el Foro Penal Venezolano, o en 2014 por 150 parlamentarios latinoamericanos.
En este nuevo sumario, que tendrá carácter clasificado hasta que el fiscal del tribunal ordene la instrucción y luego se decida abrir juicio, se utiliza el formato del relator especial de la ONU contra la tortura.
