SANTIAGO.- Carina Ramos llevaba tres meses recorriendo toda Argentina en busca de su hija, de 14 años, quien había sido vista por última vez en su colegio. Ambas son de La Quiaca, ciudad del noroeste trasandino ubicada en la zona fronteriza con Bolivia, país donde finalmente esta mujer de 40 años halló a la joven: estaba en una whiskería.
"Había una casa vieja y echada a menos; se entraba por un pasillo largo y, en el fondo, luego de una escalera, se veían cuartitos, todos encimados", cuenta Carina. "No nos atendía nadie, hasta que vimos pasar por el pasillo a una chica, con extensiones de cabello, que levantó la mirada". Esa niña era Antonella, su hija, quien corrió hasta donde estaba su madre. Ambas volvieron en silencio a La Quiaca.
Este es uno de los numerosos casos que ocurren en la frontera entre La Quiaca y la ciudad boliviana de Villazón, donde un promedio de 900 menores de edad pasan de forma irregular cada día, según los datos de la Pastoral de Movilidad Humana recogidos en una investigación hecha por el diario trasandino La Nación como parte del proyecto La Otra Trama, del Foro de Periodismo Argentino.
Pero así como el caso de Antonella tuvo un final feliz -además de reencontrarse con su madre no se vio involucrada en actividades sexuales- hay otros que no corrieron la misma suerte. Es lo que pasó con Ariel Llampa, quien lleva desaparecido cuatro años. "Sigo viviendo en La Quiaca sólo por si algún día me toca la puerta y me dice 'volví'. Dios es tan grande que algún día va a pasar", dice su madre, Justina.
Según cuenta Silvia Carretta, profesora de la Escuela Normal de La Quiaca, "a menudo, los menores desaparecen de sus casas, a los meses vuelven y nadie se alarma".
"Son chicos que crecen en familias de poco diálogo, con elevados grados de alcoholismo y un nivel socioeconómico bajo, que no logran ver un futuro de providencia; por eso, ante cualquier oferta de trabajo, se van. En el caso de las mujeres, también hay que tener en cuenta que las familias de la Puna son machistas y las nenas escapan", explica.
La realidad de dos ciudades
La Quiaca y Villazón tuvieron su crecimiento a principios del siglo XX, gracias a la llegada del Tren Central Norte, que unió a Argentina con Bolivia. No obstante, la relación entre estas dos ciudades se nota cuando uno ve a argentinos y bolivianos transitando libremente por las calles pasando de un lado a otro sin ningún tipo de control. "El límite fronterizo es sólo una línea imaginaria", dice La Nación.
Si bien existe un control migratorio en la frontera, la gente no respeta eso, lo que hace mucho más sencillo el tráfico de personas. Se trata del paso con mayor cantidad de tráfico del noroeste argentino. Ahora, hay grupos que se dedican a pasar a muchos chinos, y alguna vez fueron senegaleses y colombianos. El costo para cruzar a una persona indocumentada desde Villazón a Buenos Aires, pasando por La Quiaca, es de 70 mil pesos argentinos, unos 310 mil pesos chilenos.
Además, a unas cuadras del puente fronterizo hay prostíbulos, sobre todo en Villazón, donde la ley los autoriza, aunque tiene prohibida la presencia de menores. Y era a esos lugares donde llegaba la ex cónsul argentina en Potosí, Reina Sotillo, quien se presentaba en los lugares con un permiso que redactaba el juez federal trasandino Wenceslao Cardozo y sacaba a las menores, para luego trasladarlas a su lugar de origen.
Los precios de un niño
Pero este problema no sólo afecta a niños argentinos, sino que también a menores bolivianos. Y la estadística es clara: de acuerdo a la Defensoría del Pueblo del país altiplánico, 18 mil niños bolivianos trabajan en talleres clandestinos y campos de Argentina.
Es más, un niño o adolescente boliviano, una vez que cruza la frontera, se puede vender a unos 5.300 pesos argentinos, unos 235 mil pesos chilenos, según aseguró Jorge Oporto Ordóñez, ex defensor departamental de Potosí, al diario El Tribuno.
Asimismo, según la ONG argentina Esclavitud Cero, hay casos de niñas bolivianas de 12 a 13 años que son ofrecidas "para todo servicio" en Argentina, a un precio de 2.500 dólares al año, donde se pagan 1.250 al ser entregadas y el resto al cumplirse el año de trabajo.
"Las niñas trabajan sin horarios, no se les permite salir, viven en pésimas condiciones y también son abusadas sexualmente. Sin embargo, como no hay políticas activas de búsqueda, a estos menores en la Argentina no se los encuentra", aseguró en 2013 Mercedes Assoratti, directora de la organización, durante el Congreso Antimafia realizado en la Universidad de Buenos Aires.
Trabas y deficiencias
"Es delicado investigar la trata, porque tiene células criminales itinerantes que fluctúan empleando los mismos recursos para cometer varios delitos. Todos se manejan en un mismo plano, de manera que no hay líderes ni referentes. La mayoría son clanes", dice un gendarme argentino, revelando las trabas para combatir este problema.
Esto también queda demostrado en que las metodologías entre los países es distinta, pese a que todas las legislaciones occidentales antitrata surgieron a partir del Protocolo de Palermo firmado en diciembre de 2000.
Asimismo, en la provincia de Jujuy (donde se encuentra La Quiaca), no hay un trabajo claro en esta materia, donde ninguna institución pública se hace cargo. Basta con señalar que el plan Escudo Norte de protección integral de fronteras tiene su oficina más cercana en Tucumán, a 616 kilómetros del límite.
Del mismo modo, desde marzo de 2016, la frontera es testigo de bloqueos diarios de parte de grupos bolivianos, que protestan contra la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF), una propuesta del intendente de La Quiaca, Miguel Ángel Tito, que busca la implementación de una documentación para los vecinos de esa ciudad y de Villazón que les permita el libre tránsito, registrado. Estas manifestaciones lo que hacen es, entonces, que el único lugar posible para cruzar la frontera sea el río, por lo que el paso ocupado queda ubicado a unos 500 metros del paso legal.
Así, los expertos advierten que mientras no se regularice esto, la situación empeorará. De hecho, sólo 153 personas han sido condenadas por trata de personas en el país trasandino y al menos 6.033 personas son buscadas. Y la cifra, sin dudas, podría aumentar.
