SANTIAGO.- El sábado 3 de septiembre, el periodista Braulio Jatar fue detenido en Isla Margarita, Venezuela, un día después de haber registrado para su medio "Reporte Confidencial" las protestas de las que fue objeto el Presidente Nicolás Maduro, en el barrio de Villa Santa Rosa en esa ciudad.
Fueron horas en que el profesional venezolano-chileno estuvo incomunicado con su familia, hasta que se entregó la información oficial: fue arrestado por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por el delito de legitimación de capitales, al encontrar una alta suma de dinero en su automóvil, cuya procedencia Jatar no habría podido explicar.
Esa jornada, se detuvo a 30 personas más por lo ocurrido en las manifestaciones, pero sólo el periodista permanece encarcelado, luego de que la justicia decretara su prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación, es decir, unos 45 días.
Tras esto, surge la duda de qué es efectivamente la legitimación de capitales. De acuerdo al punto 15 del artículo cuarto de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, se trata de "el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas".
Más adelante, en el artículo 35, se detalla aún más este delito y se establece una pena que va entre los 10 y 15 años de presidio para quienes sean culpables de ser propietario o poseedor de "capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita".
Además, los condenados deberán pagar una multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.
Esta pena también se aplicará para quienes realicen actos como la transferencia o el traslado de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito, o también para aquellos que ayuden a cualquiera de las personas que participen en estas acciones.
Asimismo, serán castigados quienes oculten o encubran el origen de los bienes o quienes los adquieran, posean o utilicen. También está penado "el resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas".
Por su parte, el artículo 36 establece también castigos para aquellos directivos o empleados de los implicados en este delito, quienes "por imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan o contribuyan a la comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, sin haber tomado parte en él". Dichas personas arriesgan penas de entre tres y seis años de prisión.
Queda ahora esperar qué sucederá con Braulio Jatar, ya que mientras la policía recalca que cometió un delito, su familia y la oposición venezolana asegura que sólo se trata de un mecanismo para inculpar y apresar a alguien que se ha mostrado públicamente contrario al gobierno de Nicolás Maduro.
